El último aniversario del comité cívico cruceño y las declaraciones de su presidente en torno a los logros obtenidos a lo largo de su historia, abren espacio para que se pueda hacer una reflexión sobre la representación que ejercen estos comités corporativos y la necesidad de su democratización a la luz de los tiempos que vivimos en la actualidad.
El presidente cívico, en su salutación de aniversario, hizo referencia a los aportes hechos por el movimiento cívico en favor de las autonomías y la profundización del proceso democrático, atribuyéndose el logro de las elecciones de alcaldes y gobernadores. Sin embargo, también quedó claro que este comité, como la mayoría de los comités que se constituyeron alrededor del país, tiene una estructura corporativa o de “sectores institucionales” donde esos “sectores” determinados son los que toman a su cargo el nombramiento de sus representantes, sin que medie una elección directa con la participación de los integrantes de esos colectivos, lo que importa una práctica democrática restringida.
Ahora bien, es innegable el papel desarrollado, no solo por el comité cívico cruceño, sino por el movimiento cívico boliviano; también resulta en un contrasentido advertir que en el transcurso de los casi tres cuartos de siglos de presencia de estos grupos corporativos, no se hayan modificado sus estructuras en función a una democracia representativa, y se siga eligiendo a sus representantes por medio de designaciones por instituciones afiliadas y no se haga una votación que convoque de manera directa al debate de ideas y la contraposición de posiciones que puedan representar de mejor manera el sentir de la población.
En paralelo a eso, también debe tenerse en cuenta que esta práctica de elección a través de corporativos ha producido una crisis de representatividad en otros departamentos, puesto que, como consecuencia de la fórmula de su elección, surgen instituciones de objeto análogo que se arrogan la legitimidad para ejercer la representación de la población. Generando así una duplicidad que termina en una anulación fáctica de estos comités.
En el momento actual, vemos que, como reacción a algunas determinaciones de estos comités, también comienzan a surgir voces que cuestionan su papel. Asimismo, otros colectivos disidentes acusan que no se encuentran representados por estos corporativos, que no fueron consultados en cuanto a las decisiones adoptadas; y que los afectan restringiéndolos en el ejercicio de sus derechos. Ante esto, resulta que la fórmula democrática es la ideal para poder tener un nivel de certeza en relación a la legitimidad de la representación que se alega, puesto que, de mediar una elección con mayor democracia, los comités ganarían en legitimidad y representación; sin embargo, ello implica el sacrificio de una articulación rápida pero antojadiza alrededor de algunos intereses mezquinos.
En suma, resulta necesario que los comités cívicos avancen en sus propios procesos de democratización en aras de despejar las dudas que se van posicionando alrededor de su legitimación para el ejercicio de la representatividad que pretenden ejercer, y así puedan revitalizarse en cuanto a su representatividad y vigencia.
Rafael Villarroel es economista.
