Qué se sabe, finalmente, de la muerte de Julio Taborga en Puerto Quijarro, la madrugada misma del inicio del paro indefinido en Santa Cruz? ¿Murió golpeado a palazos en la cabeza, como contó su esposa, o asfixiado por los gases lacrimógenos de la Policía, como aseguró el “hijo” del infortunado?
Hasta el momento, deambula por algunos medios —muchos de ellos alternativos— y redes sociales lo que le contó la esposa de la víctima, que se encontraba junto a él durante los enfrentamientos entre bloqueadores y bloqueados: el hombre murió golpeado por quienes bloqueaban la vía en línea con el paro (cívicos).
Sin embargo, esa información, la voz propia de la víctima secundaria del hecho, no termina de ganar titulares como otros derivados del mismo caso. Muchos medios han hecho todos los esfuerzos por invalidar el testimonio de la mujer —que dijo que estuvo con él hasta el último momento y que vio las heridas— y se valen de otras versiones para generar contrainformación.
Primero se ocuparon por desviar la atención del hecho al escudriñar cómo el hombre llegó al bloqueo, quién lo movilizó y qué hacía en un punto de conflicto, como si fuera la razón real de la desgracia. Los titulares fueron algo así como que murió porque fue obligado a desbloquear, extremo que la mujer también desmintió.
Luego se pusieron a desacreditar al forense que certificó la muerte de Taborga por “traumatismo craneoencefálico y politraumatismo a causa de golpes en la cabeza” durante los incidentes. Todo, más allá de la responsabilidad del Ministerio Público de asignar a quien corresponda hacer ese estudio forense legal.
Finalmente, encontraron la contraparte ideal —facilitada por al abogado Jorge Valda— para echar por tierra los indicios señalados por el informe y el testimonio de la viuda: el hijo, sin comillas ni mayores reparos. Éste dice que su padre —sin comillas también— murió por asfixia de gases lacrimógenos disparados por los policías.
Y los titulares, sin comillas, sobre el hijo: Hijo de Taborga: “Mi padre murió por un gas policial”; Hijo vio que su padre, Julio Taborga, murió por granada de gas y que cívicos son inocentes, o Hijo del hombre que murió en Puerto Quijarro dice que la causa del fallecimiento fue el gas que lanzaron policías.
Sin embargo, no hay titulares del desmentido de la mujer, en un medio alternativo, ni hubo el empeño de los medios por volver al testimonio de la esposa.
La mujer habló en Puerto Quijarro con medios locales. Dijo que el joven que dijo ser hijo de Julio Taborga apellida Padilla no es suyo y, al contrario, es hijo de su cuñada; es decir, la hermana de su esposo fallecido.
Contrainformación sobre contrainformación. ¿Con qué fines? Es difícil comprender una cobertura periodística de esa forma. Si bien es complicado abordar un caso en medio de un conflicto cuya polarización es el caldo de cultivo, el esfuerzo debiera ser acercarse lo más posible al hecho.
El 6 de noviembre de 2019, durante la crisis poselectoral pasó algo parecido con la muerte de Limbert Guzmán, de 20 años, que se había incorporado a filas del grupo parapolicial Resistencia Juvenil Cochala (RJC). Los titulares apuntaban sin reparos a movilizados “afines al MAS”.
Esa vez, una de las hermanas dio la primera versión del hecho: había sido contratado (dio nombre de dos líderes de la movilización nacional) por Bs 300 al día para bloquear a favor de la RJC. Dos días después, la versión de los familiares cambió: bloqueaba por el país y era un héroe.
En su informe sobre la violencia en 2019, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) estableció: “La muerte de Limbert Guzmán no se produjo por agresiones o golpes en su contra, sino que fue resultado de un accidente por el uso de una bazuca artesanal, que explotó mientras la manipulaba sobre su hombro”.
Esa versión nunca llegó a ser titular.
Entonces hubo titulares como Fuego cruzado entre cocaleros y FFAA deja al menos seis muertos, sobre la masacre de Sacaba; Seis muertos por acción militar ante un atentado dinamitero en planta de YPFB o Una explosión en Senkata pudo causar una catástrofe de proporciones, sobre Senkata.
El GIEI desmintió esas versiones: no hubo fuego cruzado, el muro fue derribado a empujones y no a dinamitazos, y que nunca hubo intención de atacar la planta. Al contrario, encontró que, al menos en el caso de Sacaba, hubo ejecuciones sumarias y que los movilizados no se dispararon entre sí, como dijo el ministro Arturo Murillo y que lo reprodujeron los titulares.
Es la crisis de la verdad (y la manipulación), como diría Jose Ignacio Ramonet.
Rubén Atahuichi es periodista.
