En julio de 2021, el vocero de Arce, Richter, aseguraba que el Censo de Población y Vivienda se realizaría en noviembre de 2022 (véase el Decreto Supremo 4546 de julio de 2021). Un año después, el Gobierno decidió postergarlo para mayo o junio de 2024 (véase el DS 4760 de julio de 2022). Este cambio de fechas ha traído nuevamente problemas a Bolivia: la inconsistencia, imprudencia y negligencia en el cumplimiento de los tiempos de parte del gobierno de Arce, y la intransigencia de Camacho, están llevando al país a un callejón cuya salida conducirá a un escenario de pérdidas económicas, desorden político y costes sociales que perjudicarán al país.
El gobierno de Arce, inconsciente o premeditado, ha decidido posponer la realización del Censo en casi dos años. Camacho, aprovechando ese craso error, ha aleccionado a una parte de la población de Santa Cruz para que ingrese en un paro de actividades, que ya entra en su tercera semana —Camacho tiene experiencia en este tipo de acciones, pues en noviembre de 2019 con un paro de similares características empujó a Morales a una renuncia obligada—. Asimismo, el Gobierno, cual obra teatral, convocó a una mesa técnica para definir la fecha del Censo y delinear sus “aspectos técnicos”, poniendo en evidencia que esta convocatoria es artificial e innecesaria, pues los “elementos técnicos” han debido y deberían ser tratados en los ministerios de Planificación y de Economía, como parte de la gestión de gobierno.
En realidad, la discusión por el Censo no es prioritaria, pues el Censo en sí mismo no significa una mejora de calidad de vida de los habitantes; actualmente, hay problemas más acuciantes en el país que requieren mayor atención: el endeudamiento creciente del sector público, la pérdida de los recursos naturales (no renovables) destinados a los mercados externos, la disminución de las rentas procedentes de las exportaciones de los hidrocarburos, la elevada tasa de informalidad en el empleo y la caída del PIB per cápita.
En Bolivia, entre 2007 y 2021 la deuda externa fue creciendo continuamente, pasando de $us 2.208 millones a $us 12.698 millones. Asimismo, en el periodo 2006-2021 la pérdida de recursos naturales se ha expresado en la salida del país de 6,57 millones de toneladas de zinc, 1,22 millones toneladas de plomo, 261.000 toneladas de estaño, 61.000 toneladas de antimonio, 24.000 toneladas de wólfram y 18.000 toneladas de plata; además, se ha llevado fuera del país más de 300 toneladas de oro (según cifras oficiales). También, se ha destinado al exterior 196.730 millones de metros cúbicos de gas natural, 1,4 millones toneladas de madera y 20,1 millones toneladas de torta de soja (véase datos del Banco Central de Bolivia). Por su parte, el valor de las exportaciones de hidrocarburos ha descendido: entre 2014 y 2021 ha pasado de $us 6.595 millones a $us 2.269 millones. El empleo informal, por su lado, registra un 81,5% del empleo total (último dato publicado por la OIT). Además, el PIB per cápita se mantiene por debajo de los niveles de 2016: el PIB per cápita de 2021 equivale a $us 3.125 (dólares constantes de 2010), que es el más pequeño de toda la región sudamericana (véase datos del Banco Mundial).
El mal hacer y la testarudez de los dos actores implicados en el conflicto del Censo, Arce y Camacho, les impide poner atención en los problemas más importantes de la economía boliviana, pues se están concentrando en dejar un país más dividido. Arce deja su partido parcelado por lo menos en dos partes; Camacho deja rota a Santa Cruz y enfrentada entre sus seguidores ( fieles de su comité cívico) y la gente de los barrios populares de la ciudad y del área rural. Ambos, dejan un país más polarizado y una economía dañada. En otro sitio, una oposición dividida y sin proyecto de país (Mesa, Quiroga, Reyes Villa, Copa, Doria Medina) espera agazapada a ver qué puede devorar del desastre.
La población, que es paciente, está en alerta y se da cuenta de que el tema del Censo es una cortina de humo para cubrir los verdaderos problemas del país; no sería de extrañar que ésta pidiera la celebración de un referéndum revocatorio constitucional de los cargos de los dos responsables del conflicto (véase el artículo 240 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia), el cual se produciría en el segundo semestre de 2023.
Son días difíciles para Bolivia; el país reclama la aparición de un proyecto político, con actores éticos de espíritu soberano y con preferencia por sus recursos endógenos, que unifique al pueblo boliviano, que lo acompañe, empuje y guíe hacia mejores días, en procura del aumento de su bienestar.
Fernando E. Torrejón Flores es doctor en Economía y profesor de Economía Aplicada.
