Es materia de una discusión profunda cimentada bajo confianzas y búsqueda de salidas todo lo que en rigor técnico compete al debate en torno al evento del Censo: cartografía, levantamiento de datos, redistribución fiscal, escaños u otros. No obstante, a pesar de ello, va quedando claro que algunos grupos con fines políticos instrumentalizan como ventaja la complejidad que contiene este evento técnico para acelerar su tránsito hacia los aspectos políticos que inevitablemente de él derivan. Echando mano de poco nobles operaciones informativas que incluyen el uso del desorden de la discusión como importante ingrediente.
A todo ello se suma que en los tiempos que corren, los escenarios políticos se han complejizado de múltiples maneras. Asistimos, al día de hoy, a una práctica política cuya alta focalización en lo que se dice/promete por encima de lo que se hace/resuelve, la vuelve un terreno donde muchas veces hay exceso de discursividad y muy poco margen de acción. Acción política que es requerida por fuera de los reflectores mediáticos, los amplificadores digitales y las amenazas de muerte civil que abundan en este conflicto, desnaturalizando la esencia mínima que debe contener una conversación en democracia.
Poco útil será seguir reflexionando sobre las dinámicas de la política actual y cómo ésta se pone en escena en lo que para la ciudadanía es más visible y noticioso: el performance político en los medios y las calles, si es que simultáneamente no nos detenemos a pensar en nuestra institucionalidad democrática a la luz de todo este nuevo escenario. Y con ello hago referencia al enorme desafío que significa repensar nuestras instituciones fundamentales de la democracia en escenarios conflictivos, polarizados y deliberadamente desordenados, como viene significando el paro indefinido que se lleva adelante en Santa Cruz.
Dejando de lado el debate en torno a si una ley es necesaria o no en este puntual conflicto, se puede estar de acuerdo en que ningún esfuerzo sobra en un escenario que ya empieza a conllevar violencia. Así, mientras en la lógica desde la política tradicional se puede concebir que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) podía tener un par de opciones absolutamente legitimadas para la acción: a) haberse constituido como actora desde el primer momento del conflicto, y b) poder materializar rápidamente una salida una vez que es convocada por la ciudadanía. Cabe preguntarse, ¿por qué es entonces que una institución actora fundamental de la política acude tarde y erráticamente a un conflicto que lleva ya varias semanas acumulando incertidumbre y violencia para el país desde una región tan importante como Santa Cruz?
La respuesta simple puede radicar en los altos niveles de falta de legitimidad de la política, en un nivel global, de las instituciones, de manera general y, de manera particular, de la ALP. Mientras la agenda ciudadana tiene un rango propio de preocupaciones y, al menos territorialmente, Santa Cruz tiene actualmente la suya en la urgencia de salir lo más pronto posible de este conflicto, las y los parlamentarios, con realmente muy pocas excepciones, tejían sus telenovelas internas propias en la ciudad de La Paz, focalizados en los espacios de poder que se generan producto de la reconfiguración de directivas.
Hace tiempo ya que la ALP pareciera hacer méritos continuamente para dar cuenta de su lejanía de la ciudadanía. Primero, el hecho de que sean los actores en conflicto quienes la pongan a trabajar dice bastante sobre el sentido de oportunidad y creatividad con el que acompañan la política de este país. Y, luego, el dato de que a las horas de este pedido la cantidad de proyectos de ley para este tema supere la cantidad de bancadas —añadiéndole obscuridad a la salida—, nos dice el resto sobre una institución entre cuyas urgencias debiera estar ponerse a la altura de los complejos retos que plantea la política actual.
Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka
