Al final, el conflicto por la fecha del Censo está resultando el espejo exacerbado de los disfuncionamientos del sistema político. En ese contexto, el mayor riesgo no parece tener que ver con un nuevo quiebre institucional o un conflicto social violento de gran envergadura, sino con el evidente agotamiento de la capacidad de los actores políticos estratégicos para dar certidumbres y proyectos comunes a los ciudadanos.
El panorama político en estos días está lleno de paradojas y situaciones anómalas. Resalta, en primer lugar, la manera extraña como se ha complicado la resolución del conflicto sobre el Censo pese a que existen soluciones razonables a la mano y que en gran medida ya fueron propuestos hace ya varias semanas: realizar el empadronamiento en marzo de 2024 y entregar sus resultados en septiembre 2024 para que se utilicen para la repartición de recursos a los gobiernos locales en el propio 2024 y la redistribución de escaños de la Cámara de Diputados para las elecciones de 2025.
Soluciones que resuelven gran parte de las controversias que provocaron el conflicto y que incluso fueron reconocidas como tales por los oficialistas y varios voceros del Comité Interinstitucional en Santa Cruz. Sin embargo y pese a esos avances, el paro en ese departamento continúa con su secuela de violencias, afectaciones a la cohesión social y graves daños a las condiciones de vida de millones de bolivianas y bolivianos debido a una mezcla bizarra de desconfianzas radicales entre los actores, poses tácticas, desorden político y prevalencia de intereses egoístas.
Desde hace un par de semanas, a la ciudadanía se le hace difícil entender qué está pasando, entre idas, venidas y volteretas de los actores, con opositores y oficialistas igual de divididos internamente y sin un discurso claro a la gente para explicarles qué quieren hacer. Dirigencias y estructuras partidarias que han hecho mutis por el foro o que intentan tapar su fracaso con dosis más fuertes de ilusionismo político; incapaces de asumir sus responsabilidades y desbloquear el berenjenal pensando en el bien común y no en su deseo de preservar su poder coyuntural.
Al mismo tiempo, el país parece instalarse en una rara esquizofrenia con una parte de la sociedad inmersa en un escenario de conflicto, movilización social y de gran tensión, y la otra realizando sus actividades casi sin inmutarse y viendo el desbarajuste con una mezcla de sorpresa y lejanía. La verdad, más allá de Santa Cruz, no hay síntomas de pasión por ninguno de los relatos polarizados con los que las dirigencias justifican sus acciones e intransigencias.
Pero no hay que solazarse con esta fragmentación. Debe, al contrario, preocuparnos pues revela la creciente pérdida de capacidad de las élites dirigentes para cohesionar a toda la sociedad, para proponerle proyectos políticos que interesen a todos y no solo orientadas a fracciones o peor aún a minorías intensas que funcionan casi como sectas.
El problema verdadero parece ser que para plantear algo con más alcance en este momento histórico se precisa admitir la diversidad y pluralidad del país, comprender que no estamos solos con nuestras obsesiones y prejuicios en este universo y que hay que volver a aprender a hacer política renunciando a la ilusión del hegemonismo.
El conflicto por el Censo no sería, por tanto, una reedición de la peleíta polarizada a la que ya estamos acostumbrados, con los actores, discursos y estrategias similares a los que hemos visto en acción desde hace 10 años. Es quizás la expresión de la emergencia de un nuevo momento político sin norte, donde la fragmentación será la norma, sin salidas épicas, con una dirigencia ensimismada en sus ambiciones y conflicto internos, y con una sociedad que, por esas razones, se irá desacoplando poco a poco de la política, ocupándose de lo suyo y de tiempo en tiempo votando en contra de todos o del poder de turno.
Cuidado que estos eventos sean, al final, la reconfirmación del agotamiento del ciclo hegemónico del masismo, pero también de que no hay ni ideas ni condiciones para que éste sea reemplazado por otro artefacto político con vocación mayoritaria por un largo periodo. Condenándonos, al menos en el mediano plazo, al bloqueo permanente, la inestabilidad y a la imposibilidad de ponernos de acuerdo e incluso imponer las decisiones que precisamos para seguir progresando.
Armando Ortuño Yáñez es investigador social.
