En las últimas semanas, los bolivianos hemos sido testigos de un paro político por el Censo 2023, que solo mostró un panorama de violencia, violación de derechos humanos, racismo y discriminación y de pérdidas económicas, en perjuicio de toda la población cruceña; sin embargo, la información de medios de comunicación ha jugado otro rol de desinformación y apoyo al paro, no reflejando la veracidad de los hechos.
Pero el departamento de Santa Cruz no solamente es la ciudad de Santa Cruz, sino es un departamento cosmopolita conformado por 15 provincias y 56 municipios, donde ocho municipios pertenecen al área rural y 48 conforman el área urbana; su relevancia radica en que todo este departamento representa el 28% de habitantes de la población total a nivel nacional.
El paro, lamentablemente, ha generado pérdidas que ascienden aproximadamente a más de $us 1.350 millones en 35 días, sumado el perjuicio por no poder ejercer el derecho constitucional al libre tránsito y al trabajo, producto del capricho de minorías encabezadas por el gobernador del departamento de Santa Cruz, el presidente del Comité Cívico y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), instituciones que orientan sus esfuerzos y acciones de manera equivocada, a pesar de los acuerdos consensuados sobre el Censo en la reunión de Beni, escenario en el que la comisión técnica trabajó por tiempo y materia escuchando todas y cada una de las propuestas.
En esta coyuntura política es cuestionable el rol del rector y vicerrector de la UAGRM, que, pese a su autonomía universitaria, alinearon su postura a una minoría política, contribuyendo al conflicto cruceño, la cual ha demostrado negligencia en su petición del Censo 2023 sin ningún sustento o argumento técnico.
Más lamentable es el hecho de que esta casa de estudio se encuentra a la deriva, la información que es pública de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno evidencia una ejecución presupuestaria de apenas 38% de Bs 1.237 millones hasta junio de la presente gestión, más del 60% destinado al pago de sueldos y salarios.
Llama la atención también que la asignación del presupuesto anual a la UAGRM equivale a casi el 40% del presupuesto que se le asigna al Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz, uno de los más grandes del país, por lo que se evidencia que cuentan con recursos más que suficientes para ser referente nacional en calidad educativa, empero, no se refleja en el ámbito académico o técnico, como quedó demostrado en la defensa de su postura respecto al Censo.
La población movilizada debe reflexionar en su accionar a objeto de dirigir los esfuerzos y las energías hacia objetivos claros, que signifiquen mejoras para su población, ya que este paro solo trajo un retroceso económico y social para los cruceños, y la UAGRM ha sido parte de este proceso de paros de una minoría ocasionando también perjuicios a la población estudiantil; se debe exigir que los recursos asignados a la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno sean utilizados de manera eficiente, transparente y responsable, haciendo prevalecer su autonomía, que permitan formar profesionales idóneos, con pensamiento crítico, fomentar la investigación y dejar los afanes políticos.
Lizeth Viscarra López es ingeniera comercial.
