Con una camisa encuadrada, una campera veraniega y pantalón jean, así lucía el Gobernador cruceño, quizás en horas de la mañana del pasado miércoles se vistió así para disfrutar de la Santa Cruz calurosa, no se imaginó que pasado el mediodía iba a ser trasladado súbitamente en calidad de detenido a la ciudad de La Paz, acusado de terrorismo en el contexto del caso denominado Golpe de Estado I.
Parecía un guiño irónico del destino: aquella celda policial fría que tres años antes había cobijado a muchos jóvenes detenidos por resistirse al golpe de Estado, estaba habitaba ahora por Luis Fernando Camacho, líder e instigador de las movilizaciones urbanas que, en noviembre de 2019, derivaron en la ruptura constitucional.
Camacho fue apresado a las 14.00. La noticia parecía una fake news. Ese día hasta el mediodía se celebraba el Día de Inocentes, además, por mucho tiempo, la impunidad a favor de los perpetradores del golpe de Estado campeaba en los pasillos de la Justicia boliviana.
La decisión de no detener a Camacho parecía responder a cálculos políticos. La posibilidad de su aprehensión, en un momento de una alta polarización, podría desatar una nueva convulsión social en el país. En cierta medida, este razonamiento político tenía un asidero, aunque, a posteriori, se convirtió en un excesivo recelo que contribuyó a la impunidad.
Consciente o inconscientemente, Camacho manejaba el miedo como recurso de amedrentamiento político sintetizado en este axioma perverso: paz por olvido. Durante tres años, no solamente el Gobierno, sino la mayoría de los bolivianos vivimos en vilo sujetos a amenazas constantes de incendiar el país, como si fuera la reencarnación de Nerón, por parte del Gobernador cruceño en caso de detenerlo para juzgarlo por la cruzada conspirativa que desembocó en un golpe de Estado. De alguna manera, esas amenazas se cumplieron, ya que sus protegidos de la Unión Juvenil Cruceñista, como si fueran hordas fascistas, la noche de la detención de Camacho quemaron varias instituciones públicas en Santa Cruz.
El control del miedo fue un dispositivo psicológico usado por Camacho para refugiarse en la impunidad. Gracias a la inercia de la Justicia y los operadores políticos gubernamentales, él logró certificarse democráticamente en las elecciones subnacionales de 2021. Obviamente, el cargo de Gobernador no solo le posibilitó legitimarse, sino tener acceso a un aparato estatal, la Gobernación cruceña, a partir de la cual trazó toda una plataforma discursiva y financiera para blindarse de cualquier intento de apresamiento.
Después de su relativo éxito cuando Camacho hizo retroceder al gobierno de Luis Arce en su propósito de llevar adelante su ley de fortunas, en octubre de 2021, pensó equivocadamente que tenía atenazado al Gobierno y, por lo tanto, aseguraba su impunidad. Camacho cometió un yerro político: sobredimensionó su suerte y envuelto en un éxtasis golpista pensó repetir su osadía de doblegar, una vez más, al gobierno del MAS, pero malgastó su “presión política” embarcándose en una nueva movilización social usando otra bandera: la fecha del Censo, no se percató, a diferencia de noviembre de 2019, que había una suerte de una subjetividad movilizadora (vgr. la dizque defensa de la democracia), en 2022 no existía la misma. La estrategia del todo o nada fue un suicidio político. Los 36 días de paro no solamente significaron una pérdida económica, sino el desgaste político de Camacho. Su “control del miedo” naufragó y su detención era perentoria para redimir así a la democracia desportillada en 2019.
Yuri Tórrez es sociólogo.
