Van a disculpar que se me corte la voz”, decía la senadora Jeanine Áñez la tarde del 11 de noviembre de 2019, cuando en las gradas de la Asamblea Legislativa se quebraba en llanto al anunciar la lectura de las renuncias (del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García).
“No podemos estar maltratándonos; yo les pido, por el amor de Dios, que cese la violencia”, clamaba en su aparición pública como inminente sucesora de Morales, que había renunciado día antes en Chimoré.
Para entonces, la crisis poselectoral había dejado tres fallecidos en enfrentamientos entre ciudadanos civiles: uno en el puente Huayculi de Sacaba, Cochabamba (Limbert Guzmán), y dos en Montero (Marcelo Terrazas y Mario Salvatierra).
Esa noche, a las 19.40, en un video publicado en varios medios televisivos, Áñez decía que la Policía Boliviana había sido rebasada por el conflicto y que ameritaba que las Fuerzas Armadas coordinen tareas de contención de las movilizaciones. “Si hay una persona que cae después de esta solicitud que he recibido (…), es de su entera responsabilidad”, conminaba al comandante de la institución, William Kaliman.
Más tarde, en un operativo conjunto de ambas fuerzas en Sacaba, Cochabamba, Miguel Ledezma moría con un impacto de bala. “La hora del óbito fue alrededor de las 21.00”, dice el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que investigó la violación de derechos humanos y la violencia en 2019.
Al día siguiente, en Betanzos (Potosí), en otra represión militar, en coincidencia con la proclamación de Áñez en la Asamblea Legislativa, Miguel Jarata moría también con un impacto de bala.
Cada una de esas muertes debe ser investigada con los insumos ofrecidos por el GIEI, “del bando que sea”, como diría Áñez la tarde de ese lunes. Y, en el caso de las muertes de esa noche y de la siguiente, las fuerzas de seguridad tienen que responder por ellas, y la autoridad civil que los mandaba.
Instalada en el gobierno, Áñez tuvo que repeler las protestas en su contra y en reivindicación del depuesto Morales. Junto con su gabinete, apeló al Decreto Supremo 4078 para la intervención de las movilizaciones. La norma disponía que las Fuerzas Armadas “participe en los operativos de restablecimiento del orden”. Lo que es grave, definía que el personal militar “estará exento de responsabilidad penal”.
Con carta blanca para matar, los militares, en operativos conjuntos con la Policía Boliviana, comenzaron a reprimir las protestas al día siguiente de la promulgación del decreto. Una decena de campesinos fue asesinada a bala en el puente Huayllani, en Sacaba. El GIEI incluso estableció que en el caso de algunas muertes hubo ejecuciones judiciales, por más que el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, haya intentado desviar la atención diciendo que los movilizados se mataron entre sí.
Cuatro días después, el 15 de noviembre, la matanza se repitió en Senkata, El Alto. Otra decena de asesinados a bala. Y el libreto del entonces ministro de Defensa, Luis Fernando López, fue que “del Ejército no salió ni un solo cartucho”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el GIEI calificaron a la matanza de masacres.
El asesinato es un delito que no prescribe, más de parte del Estado. Una eventual acción penal debe definir la sanción. Y un implicado en los hechos de esta naturaleza no puede considerarse perseguido político.
Áñez y su gabinete, además de los militares y policías, están implicados en las masacres; deben responder por ellas.
En atención a los familiares de las víctimas de Sacaba y Senkata, el Ministerio Público investigó los hechos y encontró responsabilidades. Así, el Tribunal Supremo de Justicia planteó una proposición acusatoria ante la Asamblea Legislativa para un eventual juicio de responsabilidades contra Áñez, la principal implicada.
El trámite no prosperó —a pesar de la solicitud de Áñez a Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, líderes de la oposición legislativa— debido a las objeciones políticas. Así, el juicio estaba en vilo.
Un juez dispuso el traslado del caso específico Senkata a la vía ordinaria. La cuestionada decisión genera debate político y hasta riesgo de nulidad del fallo.
Más allá de eso, la reparación judicial es necesaria; hay responsables visibles. Hay responsables de las masacres; uno a uno debe purgar por ellas en la cárcel, y no se trata de perseguidos políticos, sino de culpables de disponer la vida de inocentes.
Rubén Atahuichi es periodista.
