Subí a un minibús hacia El Alto, había tres pasajeros varones y el chofer, oscurecía y el conductor fue pasando a las personas que levantaban la mano en señal de parar el vehículo para poder subir; me puse nerviosa y le pedí que pare, pero no obtuve respuesta, ingresamos en el tramo de la autopista, en tono de voz más alto le pedía que pare e intenté acercarme a la puerta para abrirla, prefería lanzarme del minibús imaginando lo que aquellos hombres podían hacerme que finalmente sucedió, aquellas personas me sostuvieron, me golpearon y me violaron con el vehículo en movimiento, yo gritaba y pedía auxilio, pero de todos los autos que cruzábamos, ninguno paraba ni me auxiliaba porque no podían ver lo que pasaba adentro, tenía los vidrios “raybanizados”.
Este es uno de los testimonios más desgarradores que he conocido; existen otros similares o de mujeres que fueron raptadas e introducidas en vehículos particulares o taxis con vidrios oscurecidos y trasladadas por varios kilómetros sin que ninguna persona del exterior pudiera ver lo que pasaba dentro del vehículo. O aquellos automóviles que “dan vueltas” por las unidades educativas, de los cuales no se puede distinguir a los ocupantes y que en algunos de los casos estaban fotografiando a los escolares, o que solo fueron de conocimiento por la alerta que los padres de familia dieron a la Policía sin conocer la finalidad de aquella vigilancia que realizaron en los colegios.
Los vidrios polarizados u oscurecidos, en la mayoría de los casos son utilizados por estética de los automotores; en otros por razones de seguridad de los ocupantes, que pueden ser autoridades políticas, civiles o diplomáticas, y en otros por motivos de salud. En cualquier caso, el uso de estos vidrios se ha convertido en una práctica casi legitimada como un “derecho” y que la mayoría de los ciudadanos, principalmente los que los utilizan por estética, lo reclaman como tal.
Se ha generado una polémica por la reglamentación de estos vidrios, que dicho sea de paso, no somos el único país que la ha emitido, se han escrito artículos y hasta se ha presentado un recurso de inconstitucionalidad al TCP alegando doble tributación, discriminación en los montos de registro e ilegalidad por el tipo de norma que los ha reglamentado. No voy a hacer un análisis jurídico sobre ello, los magistrados encargados de revisar el recurso lo harán y emitirán un fallo e independientemente del resultado, esta polémica nos convoca a reflexionar sobre el sentido de importancia que algunas personas le dan a este tema.
Se dice que los controles significarán un espacio para la corrupción y extorsión por parte de la Policía y que además el propio proceso de registro ya se ha desbordado en cobros de “policías y funcionarios corruptos”, como manifiesta Marcelo Guardia en una columna y dice que el negocio partirá de quienes ofrecen plata para no ser multados por el uso de estos vidrios o para no cumplir los requisitos que exige el registro, e incluso el que no quiere hacer fila y también ofrece pagar; lamentablemente esto muestra una sociedad en decadencia moral, de aquellos que siempre estarán dispuestos a burlar la norma pagando unos pesos para transgredirla y bajo la excusa de una vulneración a sus derechos.
Esta es la sociedad donde la lucha contra la violencia, violaciones y el delito está marcada por discursos hipócritas y cuando exista un hecho delictivo, seguramente no tardaremos en leer una nueva columna de indignación de Marcelo Guardia o escuchar un discurso político de Andrea Barrientos sobre la inseguridad y la violencia en nuestro país.
Subir a un taxi o minibús se ha convertido en un espacio de ansiedad y temor, donde enviar mensajes a los familiares es una práctica casi obligatoria de seguridad para nosotras y si estos vehículos tienen los vidrios polarizados, la sensación se convierte en terror. La Constitución Política del Estado establece el derecho a la vida y la integridad, nosotras también reclamamos un derecho.
A aquella muchacha la dejaron inconsciente y abandonada en algún lugar del Bosquecillo, después de horas logró llegar a su casa, sufrió varios días el dolor por los golpes y una infección provocada por las heridas del ataque; no hubo denuncia, pues solo ella y sus agresores sabían del hecho, fue llevada de emergencia al hospital y ahí relató el hecho a una sola persona, su hermano, horas después falleció.
Carola Arraya Borges es directora de Lucha contra la Trata y Tráfico de Personas.
