Hace un año, el Gobierno nacional instituyó 2022 como el “Año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización”, buscando incidir en la lucha contra la persistente violencia contra las mujeres. Esta semana, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, presentó un informe que resume los avances de esta iniciativa.
Como reconoció la ministra Prada, un año “no va a lograr transformar todo lo que necesita ser transformado, pero era necesario dar ese paso, empezar a hablar de la despatriarcalización». Y fuimos testigos indirectos de los esfuerzos de todas las instancias estatales de hacer algo en el tema, algunos con convicción, otros por cumplir el mandato, pero todos/as afanados por comprender eso de la “despatriarcalización”. Ese ya es un primer logro en este lento proceso de pensar todas las políticas públicas con la intención expresa de producir igualdad.
Una de las primeras acciones fue la creación de una comisión para revisar los casos de feminicidio, como un intento de contrarrestar las señales de impunidad que los jueces y operadores de justicia envían a la sociedad en sus cuestionadas intervenciones. La comisión intervino los juzgados de materia y hubo 15 jueces procesados, 10 destituidos y 21 feminicidas sentenciados que fueron recapturados. Pero lo más importante, luego de revisar 327 expedientes, a la comisión le quedó muy clara la ruta de la impunidad que debe ser atendida en una reforma profunda de la Justicia. Como resultado, este año la Policía, la Fiscalía y los jueces cuidaron mucho más su actuación en casos de feminicidio y por ello la ministra pudo informar que hubo un 90% de efectividad en la atención de feminicidios.
Una segunda área donde se ha puesto esfuerzo es en la autonomía económica de las mujeres. La ministra Prada resaltó la creación de dos líneas de crédito para mujeres en el estatal Banco de Desarrollo Productivo, además del lanzamiento del Proyecto Empoderar, en el que se invertirán $us 300 millones para poner en marcha proyectos agropecuarios, huertos urbanos y de construcción, con políticas de inclusión de mujeres en el empleo, reconociendo su valioso aporte en la recuperación económica.
Un tercer avance que queremos destacar es la voluntad del Tribunal Supremo Electoral en trabajar seriamente en la prevención y atención de la violencia política, respaldado por el trabajo del Servicio Estatal del Autonomías y su apoyo a autoridades electas, sobre todo concejalas, quienes presentan mayor vulnerabilidad en el ejercicio de sus cargos. La participación política de las mujeres sin violencia es central para el cambio de una visión patriarcal en la toma de decisiones estatales.
Un tema central del informe tiene que ver con el avance en la nueva currícula educativa que considera la prevención de la violencia, la educación integral en sexualidad, así como en la trasmisión de valores de equidad e igualdad. El resultado de una educación despatriarcalizadora y descolonizadora puede ser el verdadero aporte a un cambio estructural en todas esas creencias machistas que hoy cuestan la vida de muchas mujeres.
Un año indudablemente es insuficiente para romper “el muro patriarcal” que nos asfixia, y bloquea el cumplimiento pleno de los derechos de las mujeres bolivianas. En años de trabajo hemos comprendido que la violencia contra las mujeres no es un hecho aislado de un hombre “irracional” o que sufre de algún desajuste mental; más bien se trata de un intrincado sistema de disciplinamiento y control jerárquico de “hijos saludables del patriarcado”. Tal vez este primer año de lucha cultural contra la despatriarcalización es el primer paso dirigido a una Bolivia donde las mujeres tengamos derecho a vivir sin violencia.
Lourdes Montero es cientista social.
