Es innegable señalar que desde 2006 Bolivia ha logrado indicadores económicos y sociales relevantes e inclusive imposibles de conseguir, como ocupar el primer lugar de crecimiento económico de la región por cinco años consecutivos (2014-2018); constituirse en el país, después de Perú, que más redujo la pobreza extrema en 10 años, de 38% en 2005 a 16,8% en 2015, y recientemente a 11,1% en 2021; superar el ingreso per cápita de $us 1.000 anuales, entre otros.
Sin embargo, todos esos elementos tuvieron algunas implicancias desfavorables para el país, como el menor acceso a financiamiento en condiciones concesionales y donaciones del exterior, debido a que desde 2010, Bolivia pasó de ser un país de ingresos bajos a uno de ingresos medios, según el Banco Mundial, razón por la cual y desde entonces, el país gestiona líneas de crédito a tasas de mercado y recibe el mismo trato que Argentina, Brasil, Colombia y Perú, entre otros.
Por tanto, considerando las limitaciones señaladas y a fin de diversificar las fuentes de financiamiento del sector público, que permitan fundamentalmente acrecentar la inversión pública, el país, entre 2012 y 2017, incursionó en el mercado internacional realizando la colocación de tres bonos soberanos que totalizan $us 2.000 millones de financiamiento, dirigidos a la construcción de infraestructura vial y hospitalaria.
En 2021, pese al contexto internacional adverso, la guerra entre Rusia y Ucrania y el panorama económico desfavorable de Europa y EEUU, Bolivia nuevamente retornó a los mercados internacionales, a través de una operación de manejo de pasivos, colocando $us 850 millones en bonos soberanos, lo cual le permitió refinanciar y alargar el perfil de vencimiento de sus bonos soberanos emitidos en 2012 y 2013, política que ha sido destacada inclusive por calificadoras de riesgo como Fitch Ratings, permitiéndole mantener una calificación de riesgo país de “B”, con perspectiva estable.
Para 2023, en el marco de la reconstrucción de la economía y principalmente el impulso de la inversión pública, la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023 autoriza colocar bonos soberanos por $us 2.000 millones y establece claramente que la operación financiera estará en función a la situación de los mercados de capital externos y/o las necesidades de financiamiento del Tesoro General de la Nación.
En este sentido, como sucedió en 2021, se esperaría que el Gobierno busque la mejor situación para colocar los bonos soberanos autorizados, que como se señaló, permitirán apuntalar el proceso de reconstrucción de la economía mediante el impulso de la inversión pública y el manejo de pasivos, esto en un contexto internacional actual desfavorable e incierto en términos económicos, más allá de las predicciones de organismos internacionales.
Adicionalmente, dado el contexto económico internacional es natural observar una caída de los precios de los bonos soberanos a nivel global y, personalmente en el caso del país, no creo que se lo puede atribuir a la aprehensión del Gobernador de Santa Cruz, ni a los días de paro en la misma ciudad, como algunas personas equivocadamente señalan. Esta reducción del precio de los bonos soberanos responde a sucesos más serios y de carácter económico mundial, como los efectos negativos de la pandemia del COVID-19, la guerra entre Rusia y Ucrania y principalmente al alza de las tasas de interés que implementaron muchos países, para contener la inflación descontrolada.
Finalmente, la incertidumbre sobre cómo puedan responder los inversionistas extranjeros a los bonos soberanos, también fue internalizada en países de la región como México, República Dominicana, Panamá y Paraguay, entre otros, los que a pesar de las condiciones financieras internacionales más restrictivas y volátiles de 2022, lograron colocar bonos soberanos por $us 9.471 millones, $us 5.777 millones, $us 2.500 millones y $us 501 millones, respectivamente.
Elio Alberto Colque es economista.
