Hace unos días, Meta, la compañía que gestiona las redes sociales Facebook e Instagram, desmanteló 1.600 cuentas falsas de esas plataformas en Bolivia, destinadas a desacreditar a la oposición y favorecer al Gobierno.
La decisión generó indignación en los detractores de la administración de Luis Arce, entre ellos el expresidente Evo Morales, quien dijo ayer que esas cuentas falsas “responden a un mecanismo de corrupción creado con ese fin” y, además, anunció que solicitará un informe a la transnacional “para saber quién pagó o aún paga por la difusión de mentiras” contra el MAS.
El caso se ha convertido en un factor más de la guerra interna del oficialismo y el exmandatario ha aprovechado la ocasión para apuntar al Ministerio de la Presidencia y al Viceministerio de Comunicación, “por ser sospechosas de atacar a la dirigencia” partidaria.
Y la oposición se ha ocupado de apuntar a los “guerreros digitales” del MAS, como se llamó así el grupo de funcionarios apuntalado en la gestión de Morales, y de calificar de cínico al expresidente por sus cuestionamientos al Gobierno por el caso. Carlos Mesa, fiel a su impronta en el uso de calificativos, consideró que las cuentas desmanteladas corresponden al “cártel masista” y que el daño de esto a la democracia es “inconmensurable”.
No habíamos leído similar criterio cuando en 2020, mientras Jeanine Áñez presidía el país, el gobierno contrató a una empresa, CLS Strategies, para el “cabildeo en busca de respaldo a la democracia tras al fraude” de 2019.
Esa vez, Facebook dijo que esa firma creó cuentas falsas para respaldar a la administración de Áñez y defenestrar a sus opositores. Entonces, Morales también se sintió atacado.
Facebook, que alegó que la empresa contratada en Bolivia violó su política contra la interferencia extranjera, eliminó entonces 55 páginas falsas de su red, y 42 páginas y 36 cuentas de Instagram, que operaban en México, Venezuela y Bolivia.
Según publicó The Washington Post, al menos dos de esas cuentas creadas por CLS Strategies tenían incidencia en Bolivia: “Prohibido olvidar”, que publicó contenido principalmente sobre denuncias de “fraude electoral” de Morales, y “Bolificado”, supuesta verificadora de noticias falsas que hasta desacreditada hechos “autenticados”.
El diario develó también que la administración de Áñez contrató a la consultora de relaciones públicas por un periodos de 90 días y a un costo de $us 90.000. Entonces, el Gobierno negó haber pagado algún monto “por la campaña de desinformación”.
Los casos no son menores; afectan a los intentos de luchar contra la desinformación ante la irrupción de las nuevas tecnologías de la información y al derecho humano de la materia consagrado en la Constitución. Y, seguro, causan daño a la democracia.
Sin embargo, lo que llama la atención es el doble rasero de quienes se indignan por la decisión de Meta, ahora, y de quienes ni se inmutaron en otro tiempo sobre actuaciones similares. Es cínico pretender ser tan pulcros en la denuncia ahora y no haberlo sido antes así.
Amerita una investigación de los casos, aunque es presumible que, por ejemplo, sobre CLS Strategies se pueda alegar también “persecución política”. En aras de la transparencia, el Gobierno deberá explicar si está implicado o no en el escándalo develado por la compañía de Mark Zuckerberg.
No es posible que los recursos del Estado sean usados para fines ilegítimos, como la desacreditación política del oponente o la simulación de cuentas en redes sociales para un eventual respaldo al Gobierno fuera de los canales regulares.
Rubén Atahuichi es periodista.
