El ejercicio del referéndum en Bolivia tiene varias complicaciones. Y si surge de una iniciativa popular, es más difícil. ¿Se imaginan recolectar un millón y medio de firmas de adhesión, distribuidas en los nueve departamentos del país, en solo 90 días? Y encima la iniciativa debe superar diferentes requisitos y decisiones en tres órganos del Estado: Tribunal Supremo Electoral, Tribunal Constitucional y Asamblea Legislativa. No se sabe, pues, si se logra en el curso de un año.
La descripción tan simple que acabo de hacer parece incuestionable. ¿O alguien cree que llevar a buen puerto una iniciativa de referéndum es un camino sin dificultades, fácil, de rápida ejecución? Y es que una cosa es reconocer un principio, un derecho, un mecanismo de participación/ decisión ciudadana, y otra distinta garantizar su realización. Derechos políticos como el referéndum (ni hablemos de la revocatoria de mandato) deben sortear varios obstáculos para hacerse efectivos.
Algo así fue planteado por el presidente del TSE, Óscar Hassenteufel, en respuesta a una consulta periodística acerca de la iniciativa impulsada por juristas opositores para una reforma parcial de la Constitución en materia de justicia. “La recolección de firmas tiene algunas complicaciones (su verificación por el TSE y luego el plazo para la declaración de constitucionalidad), no sabemos realmente si eso puede avanzar en el curso de este año, se ve difícil”. Qué terrible.
En lugar de enfadarse, como hicieron algunos juristas interesados, o, peor, solicitar la renuncia de Hassenteufel por “atentado a la democracia y faltas graves” (sic), como planteó ese grupo extremoso autodenominado Conade, los impulsores de la iniciativa debieran asumir con realismo que, en el escenario más óptimo, el referéndum podría hacerse en noviembre (no en julio o agosto, como creen). No existe misterio ni “desahucio” ni mala fe, sino aritmética de plazos.
Más allá de que la iniciativa para la anhelada reforma de la justicia prospere o no en las condiciones adversas que enfrenta la convocatoria a una consulta, la cuestión de fondo es si este referéndum puede frenar, “anular” y, por tanto, sustituir a las elecciones judiciales que debieran ser convocadas a mediados de abril (antes de que los juristas y adjuntos concluyan la recolección de firmas). Y la respuesta, señorías, es no. ¿Para qué sostener falacias que provocarán malestar?
El referéndum es un gran salto de ampliación democrática. Además de votar y elegir, nos brinda el derecho a decidir. Hay que garantizar/allanar su práctica, ahora complicada, tardía, difícil. Y que siga la disputa por la demodiversidad en ejercicio.
FadoCracia curricular
1. La Conferencia (e)Piscopal Boliviana está preocupada por la nueva malla curricular del sistema educativo. Cuestiona la inclusión de contenidos sobre educación sexual integral. 2. Nuestros decimonónicos arzobispos, de manual, no decepcionan: “condonan las condenas/condenan los condones” (Benedetti dixit). 3. Anunciaron así que, desde sus universidades, harán una propuesta de currículo. Llegan tarde y mal en un Estado laico. 4. El problema está en sus dogmas. La educación de la juventud —juran— debe tener como modelo a Cristo Jesús, “el hombre perfecto” (ah, si Jesús escuchara, los expulsaría del templo). 5. Lo peor son sus inferencias: la educación está en la verdad, la verdad proviene de la escuela católica, cuya fuente es Dios (“yo escribo dios con minúscula, ¿y qué?”, dijo el batllista). 6. Los arzobispos, pues, quieren reducir la malla curricular a su verdad divina. Y que la educación sexual se esconda en el “fuero interno de la familia”. Vaya ideología confesional. 7. En el espíritu del buen Tito Monterroso: lo bueno de irse al cielo es que allí los curas retrógrados no se ven.
José Luis Exeni Rodríguez es politólogo.
