“Tía, el otro día el profesor de Biología nos pidió que nos sentemos en círculo e hizo que nos pasemos de mano en mano una flor. Al final de la dinámica, frente a una rosa medio marchita por el traqueteo y las risas, la reflexión fue: esta flor es como las mujeres, si van de mano en mano o si no se conservan vírgenes y puras se marchitan”. ¿Conversación familiar en 1829? Error. 2023, un día cualquiera.
Sin duda, el nuevo caballito de batalla para los grupos antiderechos en el país es la educación integral para la sexualidad (EIS), hoy propuesta dentro de la nueva malla curricular para las y los estudiantes. Casualidad o no, los mismos que se oponen a la EIS encabezan la lista de los que se oponen a los derechos de las mujeres o a las libertades como principio de vida, quizás porque es más cómodo recurrir a los prejuicios encajonados sobre la sexualidad, porque siguen pensando que la mejor forma de aprender sobre el tema es la pornografía o lo que digan los amigos, o porque es mejor mantener el statu quo y que las y los estudiantes sigan aprendiendo “a trancazos”.
Para nadie es ajeno que en el sistema educativo se mantienen y refuerzan roles y estereotipos de género que recaen en violencia y discriminación. En gran medida, esto responde a un equivocado abordaje de la sexualidad como algo que debe ser reprimido, prohibido o, en el mejor de los casos, ligado únicamente a lo biológico y reproductivo.
Mientras las discusiones giran entre lo que es sexo o sexualidad, esta es una dimensión que va mucho más allá de lo coital. Los datos de la Fiscalía General del Estado muestran que en 2022 se registraron 6.206 denuncias por violación de niños y adolescentes, 5.812 casos de abuso sexual, 5.696 por el delito de violación y 2.374 por estupro; o que en 2021 hubo en promedio 109 embarazos al día de niñas y adolescentes de entre 10 y 19 años; y que ese mismo año se registró un promedio de seis gestaciones por día en menores de 15 años (según el SNIS-VE del Ministerio de Salud y Deportes, 2021).
Todos estos datos preocupantes pueden y deben ser atendidos desde la prevención, porque está claro que los embarazos de niñas y adolescentes no son parte de sus proyectos de vida, son más bien consecuencia de una fuerte desigualdad de género que legitima la violencia, de los prejuicios en torno a la sexualidad, de la falta de políticas públicas para el desarrollo y cuidado de la niñez y adolescencia y, por supuesto, de una ausencia de una verdadera EIS en las escuelas.
Y precisamente la prevención es la base de la EIS, un proceso de enseñanza y aprendizaje que aborda conocimientos, emociones, desarrollo del cuerpo, formas de pensar, sentir y de relacionarnos; autorreconocimiento, consentimiento, maternidades deseadas, identificación de abuso sexual y demás violencias, y no así lo que circula frecuentemente en medios y redes sociales: permisividad sexual sin control, irresponsabilidad, falta de valores, etc.
Aun cuando existe un marco normativo nacional y compromisos internacionales que exigen que la EIS se ponga en práctica como un derecho en un Estado laico como el boliviano, es lamentable que este tema siga manejándose discrecional y únicamente en el espacio “privado”, con todos los riesgos que ello arrastra, o en último caso, que todo lo relacionado con la sexualidad se reduzca a información socializada entre pares o redes sociales.
Entonces, ¿por qué prenderle fuego a un derecho impostergable? Es negarse a la posibilidad de proteger la salud y bienestar de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y sus proyectos de vida; a la enseñanza de una sexualidad con responsabilidad, respeto, libertad, prevención de enfermedades, elección sobre la maternidad/ paternidad; para promover vidas sin violencia, comunicación afectiva, respetuosa y autocuidado. Cuidado que las respuestas nos paralicen, o nos devuelvan en el tiempo.
Cecilia Terrazas Ruiz es comunicadora social y feminista.
