Hace unos días, una universidad del oriente de nuestro país propuso que se realice un referéndum para saber si la población está de acuerdo con que sus aportes a la Seguridad Social de Largo Plazo sean administrados por una empresa estatal; sin embargo, dicha casa de estudios no toma en cuenta que esa consulta ya fue efectuada en el referéndum constitucional del 25 de enero de 2009, cuando el 61,43% de bolivianos decidió aprobar y poner en vigencia la nueva Constitución Política del Estado (CPE).
El proyecto de texto de la Carta Magna fue trabajado por bolivianas y bolivianos que asumieron el reto de construir un Estado Unitario Social de Derecho Plurinacional Comunitario bajo los principios de igualdad, universalidad, solidaridad, equidad, donde predomine el vivir bien, y cuando se puso en consulta en el referéndum la mayoría (61,43%) decidió aprobar que la administración de la Seguridad Social “no pueda ser privatizada o entregada a terceros” y que la misma corresponde al Estado, con control y participación social (artículo 45 de la CPE).
Después de la puesta en vigencia la nueva CPE, el Órgano Ejecutivo promulgó la Ley 065 de Pensiones, del 10 de diciembre de 2010, texto que fue trabajado y consensuado con los diferentes sectores de nuestra población, con el fin de que la Seguridad Social de Largo Plazo de nuestro país esté acorde a lo establecido en la Carta Magna y que su administración esté a cargo de una Gestora Pública de la Seguridad Social de Largo Plazo (Gestora), constituida como una empresa pública nacional estratégica.
Cabe señalar que, desde la puesta en vigencia de la Ley 065 hasta el presente, el Sistema Integral de Pensiones tuvo importantes resultados, como la Pensión Solidaria de Vejez, la cual se desprende del principio de solidaridad que incorporó nuestra CPE a la Seguridad Social, que dio origen al Fondo Solidario, el cual permite mejorar, por medio de la Fracción Solidaria, el monto de la jubilación de los asegurados que tuvieron en su vida activa ingresos bajos, previo cumplimiento de requisitos de 58 años de edad y, por lo menos, 10 años de aportes; según información publicada por la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), se tiene 145.098 personas que se beneficiaron con una Pensión Solidaria de Vejez, cifra que representa el 69% del total de 209.110 jubilados en nuestro país, los cuales no hubieran podido acceder a una jubilación bajo la anterior Ley 1732 de Pensiones (abrogada al presente).
De lo señalado, proponer que se realice un nuevo referéndum para consultar sobre la administración de los aportes de la Seguridad Social es desconocer la decisión que tomó el pueblo boliviano, desde 2009 (año en que entró en vigencia nuestra CPE) hasta el presente transcurrieron 14 años en los cuales no existió ninguna objeción por parte de la población respecto a este tema. Asimismo, no puede negarse que en 2010, cuando se promulgó la Ley 065 de Pensiones, se hizo público que el Sistema Integral de Pensiones, conforme dispone nuestra CPE, será administrado por el Estado a través de la Gestora.
Tampoco puede dejarse de mencionar el tiempo y costo que representaría llevar a cabo un nuevo referéndum, más ahora cuando el mundo atraviesa una crisis económica, que si bien no tiene el mismo impacto en nuestro país, es debido a que el Gobierno está coadyuvando con la administración de los recursos para que los bolivianos no seamos afectados directamente.
Finalmente, es importante señalar que la Gestora se regirá por las mismas normas y reglas con las cuales las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) están trabajando, por lo que tampoco puede afirmarse que la nueva administración será totalmente diferente; más al contrario, dicha empresa aplicará nuevos beneficios para los asegurados, como dejar de descontar el 1,31% por concepto de comisión a los jubilados, y parte de las utilidades que obtenga la Gestora serán destinadas al pago de la Renta Dignidad y Gastos Funerales que beneficia a nuestros adultos mayores.
Karen Oroza Segovia es ingeniera comercial.
