Siguiendo la línea argumentativa del “fraude monumental” expresada por Carlos Mesa en base al informe de la OEA y sus conclusiones, evaluemos la siguiente conclusión que es taxativa y penalmente sancionable.
La segunda conclusión del Informe Preliminar (IP) de la OEA publicado en la madrugada del 10 de noviembre de 2019 es sobre el voto en el exterior.
El IP concluye (pág. 13): “De 176 actas analizadas de la muestra que habían sido escrutadas en Argentina, el 38% presentan inconsistencia con el número de ciudadanos que sufragaron.
Es decir, las actas reflejan un número mayor de votos que el total en las listas índice.” Esta conclusión de los expertos internacionales de la OEA significa fraude, indica de manera taxativa que lo detectaron en 66 actas de las 176, porque ese número representa el 38%, y que se incorporó de manera irregular, por lo tanto ilegal, a ciudadanos bolivianos en el padrón electoral de Argentina para que puedan sufragar, obviamente a favor del MAS.
Esta conclusión “irrebatible”, aun sin prueba, del 10 de noviembre, tenía que ser validada, explicada y documentada en el Informe Final (IF) que fue presentado el 5 de diciembre de 2019 en Washington, por Luis Almagro.
En el IF (pág. 7) concluyen que: “Se registraron al menos 37 actas del voto en el exterior que presentan inconsistencias con el número de ciudadanos que sufragaron”, en el pie de la página 5 del IF: “En el Anexo 9 se incluyen las actas de estas 37 mesas. Las listas de electores habilitados, cuyas copias están en poder del equipo auditor, no son publicados en este informe para salvaguardar los datos personales de las y los electores habilitados”. Anótese que en el IF no se habla de 66 actas, sino solo de 37; lo que se esperaba es que el IF, sin necesidad de presentar el nombre e identificación de las personas habilitadas ilegalmente en el padrón electoral del exterior, tendría que detallar cuántos ciudadanos fueron inscritos ilegalmente en cada una de las 66 mesas identificadas, es decir, cuántos chutos votaron, pero en ninguna de las 95 páginas del IF y en el Anexo 9 encontramos este dato sustancial.
En el IF, en el “cotejo con copias químicas, hojas de trabajo y lista de índice” (pág. 59), concluyen: “Se procedió a realizar un filtro del universo de actas electorales del extranjero, seleccionando aquellas en que algún partido político obtuvo un porcentaje del 90% o superior de los votos. Ello derivó en la identificación de 115 actas electorales que favorecían al partido oficialista en esa magnitud”. Nótese que no se describe en esta conclusión la adulteración del índice del padrón electoral, sino que identificaron actas que tenían una “alta votación electoral a favor del partido oficialista”. En el IF identifican 17 actas (pág. 59), línea más abajo describen: En “el acta 1305, se observó que la firma y huella correspondiente a un jurado electoral no se corresponde del puño y letra con la firma inserta en el listado de votantes”.
Revisamos el Anexo 9, que son las pruebas documentales que presentaron los auditores internacionales de la OEA, y encontramos las fotografías de 37 actas electorales: Buenos Aires 16, La Matanza 4, Lomas de Zamora 4, Berazategui 4, La Plata 2, Maipu 1, San Carlos 1, San Rafael 1, Jujuy 1, Salta 2 y uno ilegible; en ninguna de las actas explican qué irregularidad encontraron, tampoco se acompaña la explicación de cuántas personas fueron habilitadas ilegalmente en el índice del padrón electoral, y no adjuntan la imagen del acta 1305, tampoco explican si las otras firmas del jurado electoral y delegados de partido político son legítimas.
La línea de tiempo de los informes determina la intensidad y su efecto político dramático, el IP se hizo público en la madrugada del 10 de noviembre de 2019, la folklórica colección de opositores entre políticos, analistas, cívicos, plataformas, curas, etc., coreaban al unísono el fraude y la alteración del padrón electoral, por ello exigían airadamente la renuncia del presidente indígena anticolonial y antimperialista, porque estaba robando lo más preciado: la democracia y la libertad.
El 5 de diciembre en Washington, el enviado del gobierno de facto Tuto Quiroga, el embajador ante la OEA de Goni, Mesa (2002-2004) y de Áñez (2019-2020) Jaime Aparicio, recibieron el informe de Almagro con una sonrisa de satisfacción, pero contrariamente a lo anunciado a todos los vientos, el fraude monumental, el IF no valida las conclusiones penales del IP porque no presenta una sola prueba de la habilitación ilegal de ciudadanos en el exterior.
El IP impuso la narrativa del fraude, lo que sucedió después es la legitimación de la violencia, las masacres, los asesinatos extrajudiciales, detenciones para validar el poder, el IF ya no tiene valor porque el acto principal ya se consumó: asalto al gobierno e instalación del gobierno de facto con la bendición de la Conferencia Episcopal.
César Navarro Miranda es exministro, escritor con el corazón y la cabeza en la izquierda.
