La cuestión del litio es de la más alta importancia y sentimos que no se le está dando la atención que requiere. Pareciera que, infelizmente, el tema ha ingresado al ámbito de la politiquería menuda donde se disputan prebendas y espacios de poder y donde están ausentes las miradas estratégicas sobre el uso de los recursos naturales, sobre nuestra inserción en los mercados y otros aspectos clave para el desarrollo del país.
Hay un sordo debate entre las dos fracciones escindidas del partido de gobierno. Unos que desconocen o niegan deliberadamente los avances en la materia alcanzados entre 2006 y 2019 y ayudan a propalar el rumor de que “no se hizo nada en tantos años” y que “se gastó más de mil millones de dólares sin resultados”. Por supuesto, olvidan que ellos son corresponsables de todo lo que, mal o bien, se hizo o no se hizo en ese periodo. Tampoco recuerdan que en esos momentos les tocaba cumplir su rol fiscalizador desde el Parlamento, la Contraloría y otras instancias del Estado y asimismo brindar condiciones para un mejor ejercicio del control social. Se fiscaliza, hay que recordarles, no solo a los opositores sino a todas las ramas de la gestión pública; la fiscalización no es una herramienta barata para destruir oponentes. Pero, lo más grave es que en lugar de proporcionar información valedera y facilitar el acceso a las fuentes, se maneja el tema como elemento propagandístico en lo que ya parece una desaforada campaña electoral.
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Los del otro bando, destacan los logros en el proceso de aprovechamiento de estos recursos, asumiendo que cualquier proyecto de tales características demanda entre 10 y 12 años para obtener resultados, más aún si el punto de partida es cero, en vías de comunicación, transporte, energía, agua potable y otros. Sostienen tener todas sus cuentas al día y estar dispuestos a someterse a cualquier tipo de auditoría. Muestran como uno de los ejemplos exitosos la puesta en marcha de una planta piloto de carbonato de litio que ya empezó a producir y habría logrado con creces recuperar la inversión realizada; precisamente esta prueba piloto sentó los fundamentos para la construcción de una planta de escala industrial que no se explican por qué el Gobierno actual no la pone en funcionamiento. Preguntan por qué en vez de enriquecer y ajustar el Plan Maestro que se venía aplicando, simplemente parece que lo hubieran descartado. También preguntan ¿por qué no se recontrata a personal profesional altamente calificado despedido en noviembre de 2019?
Y la interrogante que nos habíamos planteado a nosotros mismos: ¿Qué se hizo entre 1993 y 2006? La respuesta es muy simple: Nada, excepto nuevos estudios de universidades bolivianas por lo general asociadas a entidades extranjeras. Da la impresión de que el Salar de Uyuni ya hubiera sido investigado del derecho y del revés, pese a lo cual siguen existiendo vacíos enormes de información para la mayoría del público no especializado.
El primer intento en 1990 era un acuerdo con la Lithium Corporation (Lithco), gestionado por Paz Estenssoro por invitación directa, sin licitación alguna y como parte de la aplicación del modelo neoliberal en el marco del levantamiento de las reservas fiscales. El borrador de convenio con la Lithco le fue heredado al sucesor, Paz Zamora, quien no tuvo ni la fuerza ni la habilidad de llevarlo adelante. En 1993, fracasó el segundo intento de firmar un acuerdo con la misma empresa, luego de un cuestionado proceso de licitación. De ahí en más no ocurrió nada relevante.
Solo a partir de 2006 se retomó el tema y luego de algunos tanteos se definió una estrategia y en 2008 se dieron los primeros pasos concretos.
Es hora de realizar un balance abierto y honesto de lo avanzado. Tomar en cuenta, además, que podrían añadirse nuevas dificultades a la ya de por sí compleja cuestión: el tema medioambiental y las expectativas de las comunidades locales y de los pueblos de la región.
Carlos Soria Galvarro es periodista
