Hvace un mes el grupo de la sociedad civil Bolivia-Chile reflexionó en una de sus mesas de trabajo sobre las migraciones desde una perspectiva de género, acogiendo en esa oportunidad la presencia de expertos que nos ayudaron a enfocar los debates sobre las causas, consecuencias, destinos, percepciones de la ciudadanía, países receptores de las migraciones, y la vulnerabilidad, coincidiendo en que las migraciones tienen cara de mujer.
Coincidentemente a estas nuestras preocupaciones, los presidentes de las cámaras de diputados de Bolivia y Chile, sin referirse a asuntos internos de cada país, además de convenir activar la creación de grupos parlamentarios, han decidido trabajar con sus gobiernos para retomar las reuniones de los Comités de Frontera y así abordar entre otros temas el de las migraciones, lo cual celebramos convencidas en la urgencia del diálogo para encarar la hermandad vecinal.
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Según estimaciones de las Naciones Unidas sobre población migrante internacional, 281 millones de personas en 2020 vivían fuera de sus países de origen, lo que representa un 3,6% de la población mundial, es decir la cifra más alta jamás registrada, y aunque los procesos migratorios interregionales de mayor dimensión se producen en Europa, la migración sur-sur ha empezado desde hace algún tiempo a cobrar importancia colocando a las mujeres en la cúspide de las estadísticas en la movilidad, exponiéndolas a carencias materiales, físicas, psicológicas, riesgos y vulneraciones de sus derechos humanos e incluso a la trata y tráfico.
En Bolivia como país receptor, según datos actuales de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el 47,9% de personas proceden de Perú, 22,1% de Venezuela, 18,2% de Colombia, el resto de países diversos, pero el dato relevante es que de ese total, el 28% son menores y el 33% son niñas, en ese marco, exhortamos a concebir la migración como un proceso de orígenes y causas sociales y, por ende, no puede ser asociada ni abordada desde el enfoque criminal sino de los derechos humanos, entendiendo que las personas migrantes contribuyen al bienestar y la prosperidad de los países receptores, tanto en oferta de mano de obra como en consumo de productos locales, aportan al Producto Interno Bruto (PIB), generando además remesas a sus países de origen, lo cual debe motivar compromisos públicos de atención integral desde la perspectiva de derechos humanos y de género, en la vía administrativa no penal, reforzando el análisis y el uso de estadísticas que permitan fortalecer las capacidades binacionales de atención, intercambio de información y tratamiento.
(*) Susana Rivero Guzmán es abogada feminista y experta en penal, constitucional y convencionalidad
