¿Qué tan pronto es demasiado pronto para llamar a una obsesión política progresista y libertaria un fiasco de política pública? En el caso de la Ley de Recuperación y Tratamiento de la Adicción a las Drogas de Oregón, mejor conocida como Medida 110, el momento no puede llegar lo suficientemente pronto. En 2020, los votantes de Oregón aprobaron, con un 58% a favor, una medida para despenalizar la posesión de pequeñas cantidades de drogas duras como cocaína, heroína y metanfetamina y establecer un programa de tratamiento de drogas financiado con los ingresos fiscales de las ventas de marihuana. Aquellos atrapados con menos de un gramo de heroína o menos de dos gramos de metanfetamina reciben el equivalente a una multa de tránsito, con una multa de $us 100 que se puede cancelar llamando a un número de referencia de tratamiento y aceptando participar en una evaluación de salud.
Los partidarios de la medida lo calificaron como un gran primer paso y un cambio de paradigma que reduciría las tasas de sobredosis, disminuiría la propagación de enfermedades, reduciría las desigualdades raciales y facilitaría que los adictos busquen tratamiento. La Drug Policy Alliance, que gastó millones para ayudar a aprobar la medida, la calificó como “el mayor golpe a la guerra contra las drogas hasta la fecha” y celebró su supuesto éxito en un ingenioso video. Ahora viene el control de la realidad.
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En 2019 hubo 280 muertes por sobredosis de opioides no intencionales en Oregón. En 2021 hubo 745 . En 2019 hubo 413 tiroteos en Portland. En 2022 había 1.309 . (Los números han disminuido un poco este año). De las 4.000 citaciones por uso de drogas emitidas en Oregón durante los dos primeros años de la Medida 110, descubrió The Economist, solo 40 personas llamaron a la línea directa y estaban interesadas en recibir tratamiento. “Le ha costado a los contribuyentes $us 7.000 por llamada”, informó The Economist. La cantidad de personas que viven en la calle en el condado de Multnomah, que incluye a Portland, aumentó en un 29% de enero de 2022 a enero de 2023.
En su defensa, los defensores de la Medida 110, cuyo apoyo se ha desplomado, argumentan que la despenalización aún está en sus inicios y que los fondos para la reducción de daños, la vivienda y otros servicios han tardado en llegar. Algunos también señalan a Portugal, que despenalizó las drogas duras para uso personal en 2001 con bombos y platillos, como un ejemplo de lo que la despenalización ha logrado a lo largo del tiempo. Entonces, ¿cómo va eso? No tan bien, como sugirió el mes pasado un informe de Anthony Faiola y Catarina Fernandes Martins de The Washington Post. Aquí, también, los defensores del sistema apuntan a la escasez de fondos, especialmente para el tratamiento.
Algunos lectores de esta columna responderán que, sean cuales sean los problemas en Portland o Portugal, no queremos volver al costo, la violencia y la aparente infructuosidad de la vieja guerra contra las drogas. Pero eso depende de si el precio de la guerra sin fin supera o no alcanza el precio de la rendición permanente.
A juzgar por la catástrofe que se desarrolla en Oregón, lo pensaría dos veces antes de replicar este experimento imprudente en otro lugar.
(*) Bret Stephens es columnista de The New York Times
