El país está sumergido en la incertidumbre sobre la fecha —incierta aún— de las elecciones judiciales a cuatro meses y más del final de mandato de gestión de los actuales magistrados y consejeros elegidos por voto popular en 2017. La Constitución establece seis años de mandato para dichas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura, y ese plazo termina el 2 de enero de 2024.
El conflicto radica ahora en la Asamblea Legislativa, a más de dos semanas de que se lo transfiriera el TCP, que se dio el tiempo necesario para resolver una acción abstracta de inconstitucionalidad presentada por el diputado de Creemos Leonardo Ayala y admitida el 27 de abril. El 31 julio emitió su sentencia con la que anuló la convocatoria, el reglamento y la Ley 1513 (ley corta) del proceso.
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Lo hizo al borde de los plazos. Por su parte, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) conminó a la Asamblea Legislativa a remitirle la lista de postulantes preseleccionados hasta el lunes 4 de diciembre, para “garantizar” elecciones judiciales el domingo 3 de diciembre.
Los plazos continúan invariables ante la ineptitud, el disenso, la polarización, el boicot, las miserias y la parsimonia de diputados y senadores, de oficialismo y oposición, por reencaminar el proceso electoral.
Desde cuando el vicepresidente David Choquehuanca —en su condición de presidente nato de la Asamblea Legislativa— propició una reunión con los titulares de las cámaras de Diputados y de Senadores, y jefes de bancada de las tres fuerzas políticas con representación legislativa, éstas no se ponen de acuerdo en encaminar la comisión extraordinaria, que debería proponer un proyecto de ley único para salvar el proceso. Al contrario, se esconden en reuniones furtivas y un silencio llamativo, que lo único que lograr es causar desesperación en la población, que espera señales de consenso y garantías de continuidad judicial.
No hicieron casi nada desde el 10 de agosto, cuando acordaron ese mecanismo de 12 representantes legislativos y técnicos. Se acusan, entre el oficialismo dividido y la oposición, de pretender boicotear los comicios. Y Choquehuanca, si bien en suplencia unos días del presidente Luis Arce, parece no estar preocupado en las elecciones judiciales y, a pesar del primer diálogo, no porfía por los consensos.
¿A qué juegan los órganos del Estado? ¿Al desastre? ¿A la desinstitucionalización del Estado? ¿A la ruptura constitucional? A juzgar por sus actuaciones, a todo, menos a devolverle a la ciudadanía resquicios de posibilidad de plantearle un cambio en la administración de la justicia siquiera con magistrados y consejeros nuevos elegidos en votación popular.
Hay antecedentes sobre el papel nefasto de la política en la validación de la ruptura constitucional de 2019 y ese trámite parece naturalizarse en la gestión pública, en desmedro de la democracia y los derechos ciudadanos.
¿Quién pone alto a este desastre? Los intereses se han cruzado de forma trágica. El TCP vela por la continuidad de magistrados y consejeros a como dé lugar, y tiene la atribución de invalidar cualquier acción legislativa para satisfacer sus propósitos. La reelección, asunto crucial en el debate legislativo, parece inminente, a pesar de la Constitución.
El oficialismo apunta al desastre, y sus afanes resultan falsos, a juzgar por la indiferencia con el proceso de sus representantes.
La oposición cree tener la sartén por el mango y aprovecha la oportunidad para escamotear el proceso con cualquier argumento.
En suma, hay un boicot institucional a las justas electorales y eso es antidemocrático; un golpe a la democracia que ameritará un juicio.
¿Es pedirles mucho al exigirles que hagan su tarea para la que fueron elegidos?
(*) Rubén Atahuichi es periodista
