Hablar de administración pública o gestión pública puede conllevar a discusiones que no tendrían ningún sentido, sino más bien complejizar conceptos, aun si bien son diferentes al mismo tiempo son muy útiles para lograr resultados de políticas públicas.
Lo que pretendemos en este artículo es simplemente dar a conocer nuestra percepción respecto a la administración pública en Bolivia, definida como aquel conjunto de organismos estatales que prestan servicios a los habitantes y realizan las funciones administrativas del Estado, y cómo ésta se relaciona con la gestión pública, “acción capaz de influir en una situación dada”, definida como el conjunto de procesos y acciones mediante los cuales las entidades tienden al logro de sus fines, objetivos y metas, a través de la gestión de recursos y programas, y cómo o en qué medida ambos conceptos confluyen en la realización de políticas públicas coherentes y propias de un modelo preestablecido que puedan beneficiar a la mayoría de los bolivianos.
Hoy por hoy, el mundo atraviesa no solo una crisis financiera y sus consecuencias merced a un sinnúmero de variables y razones, sino también atraviesa una crisis energética, climática, alimenticia y crisis de políticas macroeconómicas, producto del modelo consumista y extractivista que ha desatado conmoción mundial, haciendo cada vez más ricos a pocos y más pobres a muchos, y estas inconsistencias solo podrán ser resueltas en la medida de la generación de ideas acordes a un modelo económico-político definido y, por supuesto, la colaboración y entendimiento de la comunidad internacional sobre la aceptación de estas crisis mundiales que afectan por poco a todos los habitantes del planeta, que sean entendidas en su verdadera dimensión y así recién plantear políticas públicas beneficiosas y acordes a nuestras necesidades.
Ahora bien, hablar de política pública no quiere decir hablar de política en sí misma, dado que son entidades diferentes, pero que se influyen de manera recíproca. Tanto la política como las políticas públicas tienen que ver con el poder social, sin embargo, la política es un concepto amplio, relativo al poder en general, mientras que las políticas públicas corresponden a soluciones específicas sobre cómo manejar los asuntos públicos y cómo su formulación y aprobación puedan responder a solucionar problemas o dificultades sociales principalmente.
Mientras más política sin políticas públicas, más demagogia se genera y menos resultados de gestión pública se concretan; una política pública procura cursos de acción y flujos de información veraz y oportuna con un objetivo político definido, los que son desarrollados por el sector público y frecuentemente bien acompañados con la participación de las organizaciones sociales y el sector privado, o al menos así debiera ser.
Las políticas públicas tienen por lo general las siguientes características enunciativas no limitativas, pero de alto grado de aceptación: fundamentación amplia y no solo específica sobre cuál es la idea y a dónde vamos con la ejecución de dicha idea; estimación de costos y alternativas de financiamiento; factores para una evaluación de costo beneficio social; críticas probables sobre lo que se pretende; oportunidad política y claridad de objetivos e indicadores (costo unitario, economía, eficacia, eficiencia), además del grado de compromiso político real y programático.
Ahora bien, es sabido que las políticas rara vez o muy poco frecuentemente se extinguen por completo; por lo general, solo cambian o se combinan con otras, aun sea por reforma constitucional y lo sabemos, las políticas siguen un curso natural salvo su modificación estructural y aun así no se extinguen por completo y todo dependerá de la programación y planificación desarrollada, por lo cual no hace un hombre a las políticas públicas, sino las ideologías o visión política hacen realidad a las políticas públicas planteadas.
(*) Jorge Lizárraga es abogado
