El 29 de junio, cuando Raúl Garáfulic Lehm anunció el cierre del diario paceño Página Siete, comenzó así la serie de razones de su decisión: “Nuestros gastos son superiores a los ingresos y después de agotar todas las instancias para conseguir capital de trabajo, nos quedamos sin recursos económicos para seguir operando”.
¿Por qué comenzó a explicar esa determinación con ese alegato? Era la explicación más real entre las que expuso más adelante, por eso comenzó con ese golpe de impacto.
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Los mismos trabajadores —el lunes y el día de la noticia del cierre— habían confirmado que la empresa estaba intentando capitalizar el diario hasta el último momento. Era la esperanza de subsistencia del proyecto.
Además de otros extremos, Garáfulic denunció que “el partido de Gobierno bloqueó sistemáticamente la pauta publicitaria para el periódico, pese a que ella se financia con recursos de todos los bolivianos”.
Las repercusiones públicas y políticas le dieron otro sentido a los argumentos: “asfixia económica”. Como si el Estado —más allá de la presión política y tributaria que pudiera ejercer su administración, que suele haber— tuviera la obligación de pagar pautas publicitarias (“con dinero de los bolivianos”) y los medios de comunicación fueran creados con la confianza de que ese dinero es ineludible para solventar los costos de su funcionamiento. Aunque hay necesidad de regulación de la publicidad estatal para evitar que sea un mecanismo de control, cooptación o sanción.
Garáfulic llamó una “tormenta perfecta” al cúmulo de situaciones adversas que lo llevó a cerrar del último de sus emprendimientos.
Y la decisión causó preocupación en el gremio y la opinión pública, hasta consideraciones apocalípticas respecto del estado de la democracia y la libertad de expresión. Siempre el cierre de un diario va a ser una pérdida para la sociedad, por la resignación de cierta pluralidad, y la desaparición de una oportunidad laboral.
Sin embargo, se ha romantizado y politizado mucho la situación, que evitó una reflexión serena y honesta sobre la situación de los derechos laborales del personal echado a las calles sin previo aviso y del riesgo de otros medios que no lograron adecuarse la irrupción tecnológica y al nuevo modelo de negocios.
Todo aparentaba efectos de la “asfixia” y nada hacía suponer que el empresario estaba tramando con ella una gran coartada. Sin embargo, Garáfulic daba algunas pistas reales de su decisión, no siempre vinculadas a los factores externos contra el periódico: “El acoso judicial infundado derivó en el bloqueo de mis cuentas bancarias y el embargo de mis bienes, lo que limitó mi capacidad de acción”.
A más de tres meses de esa determinación, el pronunciamiento de algunos periodistas y personal administrativo devela El lado oscuro de la ‘tormenta perfecta’, como titula.
Ese lado oscuro —también denunciado en conferencia de prensa y declaraciones ante otros medios— habla de propietarios que huyeron del país, del desconsiderado abandono del personal, promesas de capitalización incumplidas, retención de sueldos en forma de acciones de propiedad, resignación de finiquitos, simulación del pago de finiquitos para que después en las puertas del Ministerio de Trabajo retirar los cheques, cheques sin fondos, beneficios laborales en el limbo, incumplimiento del pago de salarios hasta por 11 meses, amenaza del propietario con apelaciones por años en caso de juicios laborales osados por los trabajadores, empleados trabajando y “financiando” las responsabilidades de los responsables durante meses y, entre otros, la hipocresía de agradecimiento por el “compromiso y resistencia” de los empleados.
“Simplemente nos utilizó”, se pronunciaron los colegas y compañeros en referencia a Garáfulic, a quien lo evidenciaron y cuestionaron de él que huyó, como su otro socio, “como es práctica de quienes no tienen la valentía de dar la cara en el campo de batalla”.
Asfixiados ahora los trabajadores por el desempleo y el incumplimiento de sus sueldos, finiquitos y beneficios laborales devengados, ni la dirigencia de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) es capaz de redimirlos. Es que también Raúl Peñaranda tiene el dilema de cuidar sus intereses, como (¿otrora?) socio de Garáfulic en Página Siete, o ponerse en defensa comprometida de sus compañeros, que implicaría ir en contra de sí mismo.
(*) Rubén Atahuichi es periodista
