En agosto, una agencia internacional calificadora de riesgos efectuó una publicación en la cual describe el panorama bancario de América Latina por país, afirmando que en Bolivia existiría un aumento del riesgo crediticio, considerándolo el más riesgoso de la región.
El análisis efectuado contiene conclusiones que atribuyen el supuesto riesgo al “shock económico” que habría generado la pandemia, así como el financiamiento dirigido por el Gobierno, el cual estaría presionando la rentabilidad de las entidades de intermediación financiera. Aspectos que no se reflejan en los datos oficiales presentados por el sistema financiero boliviano.
Con relación a los efectos que tendría aún la pandemia, se evidencia que las medidas de protección para la salud controlaron el COVID-19 de manera efectiva. Asimismo, la reprogramación y refinanciamiento de créditos diferidos representaron un acierto para los deudores que se vieron afectados por el confinamiento. Es por esto que, a diciembre de 2020, la cartera diferida llegó al 10,4% del total de las colocaciones, mientras que, a agosto de 2023, se redujo a 3%, lo cual demuestra que los deudores están cumpliendo con sus obligaciones crediticias, acompañados por la reactivación económica.
La política pública incluye la regulación de las tasas de interés para créditos a sectores priorizados; vivienda de interés social, medida que beneficia a la población que no cuenta con una casa propia (a agosto más de 98.000 familias fueron beneficiadas), y créditos productivos, que benefician a sectores productivos que no podían acceder a financiamiento antes de la Ley 393 de Servicios Financieros. A su vez, las entidades financieras tienen que cumplir con los límites mínimos de colocación de cartera para dichos sectores, que se encuentran entre el 50% y 60%.
En el marco de las medidas asumidas en favor de los sectores priorizados, el índice de mora en el sistema financiero, a agosto, es de 2,9%, cifra que está por debajo del promedio de la región que alcanza a 3,5%. Aspecto que denota el cumplimiento de las obligaciones crediticias por parte de dichos sectores y otros que componen la cartera de créditos.
El sistema financiero nacional tiene un importante proceso de “bolivianización”, en el cual, a agosto, el 99% de los créditos están en moneda nacional y el restante, en moneda extranjera; a su vez, con relación a los depósitos, éstos representan el 88% del total de las captaciones, demostrando la efectividad de las medidas adoptadas y la confianza de la población en la moneda nacional.
Este conjunto de medidas de ninguna manera afectó las utilidades del sector financiero que, por el contrario, en 2013 llegaron a Bs 1.459 millones, mientras que para al cierre de 2022 alcanzaron a Bs 1.924 millones, con un crecimiento del 32% entre ambos periodos, aspecto que muestra que las entidades de intermediación financiera tienen utilidades importantes en un contexto de tasas reguladas.
El estudio también menciona que nuestro país tendría “condiciones macroeconómicas inestables”, las cuales estarían incidiendo en la calidad de los activos, afirmación poco evidente debido a que las principales variables macroeconómicas de la economía boliviana muestran crecimiento del PIB positivo (2,28% al primer trimestre de 2023); inflación controlada, la más baja de la región (3,1% al cierre de 2022), producto de las diferentes medidas adoptadas por parte del Gobierno; tipo de cambio estable que va superando la sobredemanda de la divisa norteamericana; y un bajo nivel de desempleo (4,2% a diciembre de 2022).
La descripción establecida muestra la realidad de las cifras del sistema financiero y la economía nacional, las cuales contrastan con el análisis publicado por la mencionada empresa internacional calificadora de riesgos.
Gustavo Gómez es economista
