Si bien la política aborda los modelos de gobierno de las poblaciones y sus distintas actividades y la economía estudia la influencia de la forma de organización de los recursos en el bienestar social, en la práctica están muy relacionadas. Por ello, cada una no actúa sin implicar a la otra.
En nuestro diario vivir podemos evidenciar que las políticas económicas son consecuencia de la visión política. Desde la visión de la Microeconomía entendida como el desempeño de los agentes económicos individuales dentro de la economía, como los consumidores, la familia, la industria, las empresas; y la Macroeconomía referida a los cambios en la producción, inflación, tasas de interés, los tipos de cambio, balanza de pagos y todo aquello que permita la reducción de la pobreza, equidad y el crecimiento sostenible. Podemos determinar que la intervención del Estado en la economía va a responder a la visión política, pero su rol y la estrategia que le permitan entre otras cosas, por ejemplo promover la reducción de la pobreza, van a responder a políticas económicas que serán evaluadas como exitosas o no por la percepción social que objetivamente se sentirá en los bolsillos de los ciudadanos, en el encarecimiento o no de la canasta familiar, en la subvención de los hidrocarburos, en la titularidad de los recursos naturales, que se traducen en la estabilidad económica del Estado y de cada familia como núcleo de la sociedad.
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Desde este punto de vista, podemos entender a la economía en su rol de organizadora de recursos disponibles, que son escasos para satisfacer las diferentes necesidades, utilizando instrumentos como la estadística predictiva, que ha sido de mucha utilidad para tomar decisiones acertadas desde la política; todo esto explica su relación e interdependencia, siendo palpable que la colaboración entre ambas es indispensable para entender y proyectar el futuro de un país.
En consecuencia, la demanda por justicia social, que ha sido y sigue siendo el motor de los principales cambios en nuestro país que, en su momento, escalaron hasta llegar a una crisis en la estabilidad y permanencia de más de un gobierno, se vuelve determinante en cuanto al apoyo a la gestión de gobierno; todo esto, en un país como Bolivia donde la economía es un factor determinante por temas laborales y de distribución de recursos económicos, que hacen para la mayor parte de familias insostenible el enfrentar medidas económicas utilizadas en el pasado que afectan el diario vivir e importan por una reducción del poder adquisitivo del salario y un encarecimiento en el acceso de bienes y servicios de primera necesidad de la población; obviamente esto también será determinante para garantizar la gobernabilidad, estabilidad y permanencia de un gobierno.
Ante esto es innegable que en los últimos tres lustros las medidas encaradas en busca de esa justicia social, con la recuperación de nuestros recursos naturales y la redistribución de la riqueza generada por la gestión de esos recursos, resultan de la combinación exitosa de economía y política, donde los actores políticos han sabido leer esas demandas y formular políticas exitosas en términos de reducción de la pobreza e inclusión social.
Finalmente, desde la perspectiva social hay un logro en la última década en nuestro país: el exitoso modelo económico, el cual se siente y se sentirá en los bolsillos del pueblo.
(*) Rosa E. Vargas es abogada






