El 22 de junio, la dirección del Movimiento Al Socialismo (MAS) convocó a su X Congreso Ordinario en Lauca Ñ, en el Trópico de Cochabamba. Su propósito fue la renovación de su dirigencia, más allá de otras consideraciones propias del encuentro.
En medio de la grave crisis del MAS, llamó la atención la elección del “territorio” de Evo Morales como la sede del encuentro. Otro hecho no menor fue el aislamiento en la convocatoria de los secretarios ejecutivos de las organizaciones “fundadoras” del instrumento político, claramente del lado del presidente Luis Arce: Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Confederación de Mujeres Campesinas Bartolina Sisa y Confederación Sindical de Comunidades Indígena Originarios de Bolivia (CSCIOB).
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En medio de los preparativos, algunos dirigentes partidarios, como Gerardo García, fueron marcando las líneas del congreso, cuya intencionalidad evidente era consolidar el liderazgo de Morales. Por ejemplo, suponer —sin considerar su investidura ni una invitación particular— la asistencia del presidente Arce y del vicepresidente David Choquehuanca en un espacio hostil, y prohibir la presencia de funcionarios gubernamentales en el evento. Hasta presumir que Arce, ante una eventual repostulación, no tenía los años de militancia necesarios.
En vísperas del congreso, esos dirigentes cambiaron el discurso. Parecían reclamar la asistencia de esa militancia aislada, a sabiendas de su ausencia anunciada, para endilgarla de falta de compromiso con la cita.
Finalmente, el cónclave del 3 y 4 de octubre terminó sin mayores sorpresas: declaró “único candidato” para las elecciones generales de 2025 a Morales, a pesar de la institución de las primarias en la Ley 1096, y lo eligió por enésima vez jefe nacional del MAS.
Si bien no sorpresa, llamó la atención el punto de las resoluciones que conoció la “autoexclusión” de Arce y de Choquehuanca, tanto del congreso como de su militancia. Además, la decisión de expulsar —previa consideración del Tribunal de Disciplina— de una veintena de militantes, entre ellos diputados.
El congreso tuvo la supervisión de un equipo del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde), dependientes del Tribunal Supremo Electoral (TSE), entre el 25 de septiembre y el 4 de octubre. Los técnicos incluso tuvieron reuniones con dirigentes encargados del encuentro, como los delegados del MAS ante el TSE, Diego Jiménez, Nelvin Siñani y Miguel Mendoza, para la organización y desarrollo del congreso, y el cumplimiento de la ley, el estatuto y la convocatoria.
Terminada la cita de Lauca Ñ, el Sifde presentó su informe del caso ante la Sala Plena del TSE, que finalmente decidió no registrar el congreso ni aprobar la elección de la nueva dirección nacional del MAS liderada por Morales. En suma: anulación.
Hubo varias razones para la determinación. La resolución señaló que la convocatoria del congreso no consignó el consenso con la dirigencia de las organizaciones fundadores ni los directivos electos cumplieron con los requisitos exigidos.
Morales y sus compañeros dirigentes, además de los miembros electos del tribunal, no acreditaron la certificación de militancia del TSE al momento de postularse, como exigía la convocatoria (que establece “deshabilitación automática” ante el incumplimiento) y lo recordaba Jiménez.
Lo más grave de todo: de los 16 miembros de la dirección nacional del MAS electos, 14 no contaban con 10 años de militancia, como exige el numeral 3 del Estatuto Orgánico del MAS y la convocatoria.
Sin embargo, Morales y sus correligionarios desahuciaron la decisión del TSE y la vincularon a “órdenes del gobierno”.
Ahora, la dirigencia del MAS declaró vigilias ante los tribunales electorales, a la espera de la reversión de la situación.
Sin embargo, parece presentarse una oportunidad de organizar un congreso más legítimo, que incluso abra la posibilidad de una participación más genuina y permita una eventual reconciliación partidaria, sin trampas, y en consenso.
(*) Rubén Atahuichi es periodista
