Con motivo del informe del presidente Luis Arce, culminando su tercer año de gestión, se han pronunciado en éste elementos que llaman al análisis en relación a los desafíos que asumió en 2020, y dejan ver cuál es la perspectiva que pretende asumirse de cara a nuestro Bicentenario como país, así como la ruta que falta por recorrer aún.
En primer término, cabe recordar que Arce asumió el poder en circunstancias particulares, después de haberse producido una ruptura democrática que provocó, en el terreno de lo pragmático, una cuando menos cuestionable apertura de la sucesión presidencial. Además, por su demora en el llamado a nuevas elecciones se dejó al país sin un gobierno con cartas de legitimidad completas para asumir la gestión de la pandemia del COVID 19, y éste, a su vez, asumió una serie de medidas erráticas en busca de una solución económica que proponía el alejamiento del modelo implantado por el gobierno del MAS.
Lea también: El cabildo, un patrimonio
Con este antecedente, en su discurso, el Presidente hizo defensa del modelo vigente, resaltando su carácter estratégico en la coyuntura y su ductilidad táctica en las condiciones globales, que anotó a modo de preámbulo de su mensaje. Junto a esto, debe notarse que el mandatario no hizo demanda de paternidad con respecto a éste, pero dejó en claro que ha sido una contribución a la mejora de vida de todos los bolivianos, y esto último ha sido reconocido no solo a nivel nacional sino también en el extranjero, lo que además se comprobó en las cifras favorables que lo acompañaron.
Ahora bien, a lo largo de estos años de gestión queda claro que se han encarado medidas de corto plazo, como lo exigía la pandemia y la reactivación del aparato económico estatal, entre ellas la apertura de fondos para la otorgación de créditos a tasas notablemente bajas para productores y la sustitución de importaciones, así como la dotación de vacunas sin costo y el fortalecimiento del Seguro Universal de Salud (SUS).
Por otro lado, el mensaje reconoció una carencia que no fue entendida en los primeros gobiernos electos bajo el nuevo esquema constitucional, la falta de una base industrial que pueda lograr la elaboración de productos con valor agregado y que disminuya la dependencia de productos importados. Es un tópico que no ha sido entendido en su real dimensión y amerita un esfuerzo mayor que el encarado por el sistema de empresas públicas. Esta es una lectura hecha por el Presidente, que viene acompañada de una serie de medidas de mediano plazo.
Entre las medidas asumidas están la construcción de más de un centenar de plantas industriales y la ejecución de proyectos tan importantes como el de la química básica en el salar de Uyuni, junto a la explotación del litio o la industria farmacéutica que, seguramente aunados al esfuerzo de los privados, concluirán con el anhelo de un país industrializado como propuso Arce en su discurso.
En suma, la meta que se propone esta gestión de gobierno está más allá de garantizar la estabilización económica ya lograda en favor del boliviano promedio, el trazo está en llegar a nuestro Bicentenario con un país construido sobre una base industrial robusta que permita la generación de recursos a partir de productos elaborados con valor agregado. Un desafío importante pero difícil y que debe concentrar los esfuerzos de lo que le queda a esta gestión.
(*) Rafael Villarroel es economista
