En una decisión que ha generado controversia, la Asamblea Legislativa rechazó el reformulado del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023, que contenía disposiciones adicionales muy importantes. Entre ellas se encuentra una que buscaba abrir las puertas a la regulación de las empresas de tecnología financiera, conocidas en el ámbito internacional como Fintech. Esta negativa representa un revés significativo para la economía boliviana y plantea serias preocupaciones sobre la capacidad del país para mantenerse al día en la regulación de un sector que está transformando las finanzas a nivel mundial.
Las Fintech, compañías que combinan la tecnología con servicios financieros innovadores, han emergido como actores clave en el panorama económico global. Su presencia ha sido vital en la modernización de los sistemas financieros, brindando soluciones eficientes y accesibles a la población. Sin embargo, la falta de regulación puede dar lugar a prácticas riesgosas y desequilibrios en el mercado. La disposición rechazada habría establecido un marco normativo necesario para equilibrar la innovación con la seguridad financiera.
El impacto económico negativo de esta decisión es innegable. Las Fintech han demostrado ser motores de crecimiento en muchas economías, generando empleo, facilitando el acceso a servicios financieros y promoviendo la inclusión. La falta de regulación adecuada podría ahuyentar inversiones y limitar las oportunidades para emprendedores locales. Además, obstaculiza la competencia leal y puede exponer a los consumidores a prácticas no éticas.
La propuesta buscaba establecer que, a través de un marco normativo, se regulen a estas empresas y así disponer de parámetros claros que fomenten el desarrollo sostenible del sector. Países vecinos han adoptado enfoques similares y están cosechando los beneficios de un ecosistema Fintech bien regulado. Bolivia, al rechazar esta oportunidad, se arriesga a quedarse rezagada en un entorno financiero cada vez más digitalizado.
Es esencial destacar que la regulación adecuada no solo protege a los ciudadanos y las empresas, sino que también fortalece la confianza en el sistema financiero. Esto es crucial para atraer inversiones y promover la estabilidad económica a largo plazo. La decisión de la Asamblea Legislativa de rechazar el reformulado PGE 2023, sin duda envía una señal negativa a inversores y emprendedores, quienes podrían buscar entornos más seguros y favorables para sus operaciones.
En conclusión, la no aprobación del reformulado PGE 2023 y la disposición adicional que abría las puertas a la regulación de las Fintech, representan un perjuicio significativo para la economía boliviana y a este sector. Este revés no solo obstaculiza el desarrollo del sector Fintech local, sino que también coloca a Bolivia en desventaja en comparación con otras naciones que han abrazado la revolución financiera de manera inteligente y regulada.
Manuel Pareja Chávez es economista.
