El Presupuesto General del Estado (PGE) no es nada más que la expresión financiera del Plan Operativo Anual (POA), en palabras sencillas, el PGE no es nada más que el detalle de ingresos y gastos de las entidades públicas para alcanzar sus objetivos en una determinada gestión.
Se debe tener en cuenta que toda entidad pública presenta su presupuesto en la gestión anterior, vale decir que el detalle de ingresos y gastos para la gestión 2023 se realizaron en agosto y septiembre de 2022, y como se dará cuenta el lector, en septiembre de 2022 nadie podía pronosticar o proyectar que en noviembre de 2023 más de 140 municipios del país pasarían por una de las peores sequias y ni se imaginaban incendios forestales de tal proporción.
Para estas emergencias, la normativa legal prevé que puedan realizarse modificaciones presupuestarias al PGE, cambios que implican el incremento de recursos y gastos para poder combatir estos desastres naturales y cualquier otro inconveniente que no pudo incluirse en el PGE 2023. Para el caso específico de la ley de modificaciones al PGE 2023 resulta irracional que nuestros asambleístas no quieran aprobar la mencionada norma, perjudicando tremendamente no solo a los municipios, sino también al medio ambiente y sobre todo a la Madre Tierra.
Bajo el pretexto de que el Gobierno quiere incluir “artículos de contrabando” se rechazó el proyecto de ley, sin embargo, se debe aclarar que la administración financiera presupuestaría no solo es incrementar recursos, también se debe normar en qué gastar y cómo gastar. Así tenemos el ejemplo que si una entidad quiere contratar consultores, debe tramitar un decreto supremo, el cual en el mejor de los casos tardara dos meses, tiempo en el cual ya no habrá incendios forestales porque ya se habrá quemado la totalidad del bosque.
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En nuestro ejemplo el “autorizar” la contratación de consultores sin el requisito del decreto supremo no tiene otro fin más que el de acelerar la contratación de consultores (personal especializado) para poder hacer frente a los incendios, a las sequías, inundaciones y otros desastres naturales, sin embargo, la posición de los asambleístas opositores es que el Gobierno pretende alterar la normativa para beneficiarse o beneficiar a sus allegados, aspecto que está alejado de la realidad puesto que gobernaciones y municipios tienen independencia administrativa y son ellos los que llevan a cabo la contratación y ejecución de sus gastos.
Otro pretexto es que “más del 60% de las modificaciones al PGE 2023” iría en beneficio del nivel central del Estado, pero no aclaran que, por ejemplo, los recursos por la facturación de toda actividad economica, recaudados por el Servicio de Impuestos Nacionales, una vez recaudados se distribuyen a los beneficiarios (universidades, gobernaciones y municipios) en porcentajes ya establecidos. Con este ejemplo no se puede afirmar que la mayoría de los recursos son para el nivel central.
En este sentido es necesario y urgente que los asambleístas de oposición se despojen de sus intereses políticos partidarios para realizar un análisis técnico y no político, y aprobar las modificaciones al PGE 2023; en caso de duda se debe pedir la explicación a las autoridades competentes o plantear acciones alternativas que no perjudiquen a la población nacional.
Miguel Ángel Marañón Urquidi es economista.
