Estudio las burocracias gubernamentales. Normalmente esta no es una cuestión política clave. Ahora mismo lo es, y todo el mundo debería estar prestando atención. Donald Trump, expresidente y actual candidato, lo expresa en términos apocalípticos: “O el Estado profundo destruye a Estados Unidos o nosotros destruimos el Estado profundo”. Esta no es una amenaza vacía. Tiene un plan real y plausible para transformar por completo el gobierno estadounidense. Socavará la calidad de ese gobierno y amenazará nuestra democracia. Una segunda administración Trump sería muy diferente a la primera. El plan de Trump para acumular poder ha sido desarrollado por una constelación de organizaciones conservadoras que lo rodean, encabezadas por la Heritage Foundation y su Proyecto 2025 . Este plan elevaría la lealtad personal a Trump como el valor central en el empleo, los procesos y las instituciones gubernamentales.
Tiene tres partes principales. La primera es poner a los leales a Trump en puestos de nombramiento. Trump creía que “la resistencia” a su presidencia incluía a sus propios funcionarios designados. A diferencia de 2016, ahora cuenta con un amplio grupo de leales. La Heritage Foundation y docenas de otras organizaciones alineadas con Trump están seleccionando candidatos para crear 20.000 posibles designados por MAGA.
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La segunda parte del plan Trump es aterrorizar a los funcionarios de carrera para que se sometan. Para hacerlo, volvería a imponer una orden ejecutiva que firmó pero que nunca implementó al final de su primera administración. La orden del Anexo F le permitiría convertir a muchos de estos funcionarios en cargos políticos.
La tercera parte del plan autoritario de Trump es crear un marco legal que le permitiría utilizar recursos gubernamentales para protegerse, atacar a sus enemigos políticos y forzar sus objetivos políticos sin la aprobación del Congreso. Los abogados internos del gobierno pueden bloquear acciones ilegales o inconstitucionales.
No se trata de conservadurismo. Trump se desilusionó cada vez más de los abogados conservadores de la Sociedad Federalista, a pesar de recurrir a ellos para abastecer sus nominaciones judiciales. Se trata de encontrar abogados dispuestos a crear una justificación jurídica para sus impulsos autoritarios. Ejemplos de la época de Trump en el cargo incluyen a Mark Paoletta, exasesor general de la Oficina de Administración y Presupuesto, quien aprobó la retención ilegal de ayuda a Ucrania por parte de Trump. O Jeffrey Clark, quien casi se convirtió en el fiscal general interino de Trump cuando sus superiores se negaron a promover las falsas afirmaciones de Trump sobre fraude electoral.
Clark ahora está acusado de “intento criminal de comunicar declaraciones y escritos falsos” a funcionarios del estado de Georgia. Pero continúa sentando las bases para un segundo mandato de Trump. Ha defendido que el presidente utilice fuerzas militares para hacer cumplir la ley en el país. También ha escrito un análisis jurídico argumentando que «el Departamento de Justicia de Estados Unidos no es independiente», mientras que Paoletta dijo al Times: «Creo que un presidente no necesita ser tan indiferente con el Departamento de Justicia». Si no defiende las normas de independencia del Departamento de Justicia, Trump utilizará el departamento para protegerse de la responsabilidad legal y perseguir a sus enemigos.
A veces pensamos en la democracia como simplemente el acto de votar. Pero el funcionamiento del gobierno es también la democracia en acción, una medida de qué tan bien se mantiene el contrato social entre el ciudadano y el Estado. Cuando valores como la transparencia, la legalidad, la honestidad, el debido proceso, la lealtad a la Constitución y la competencia se ven amenazados en las oficinas gubernamentales, también lo está nuestra democracia. Estos valores democráticos quedarían destripados si Trump regresa al poder con un ejército de leales que aplican teorías jurídicas novedosas e imponen un código político de silencio a los posibles reticentes.
La burocracia estadounidense suele ser lenta y engorrosa. En particular, el sistema de la función pública necesita una modernización. Pero también está plagado de controles democráticos que limitan el abuso del poder centralizado. Esta es la razón por la que Trump y sus partidarios están apuntando con tanta precisión al estado administrativo, aprovechando una antipatía hacia Washington que ambos partidos han alimentado durante mucho tiempo. Si Trump tiene la oportunidad de implementar sus diversos planes, espere un gobierno estadounidense más débil, peores servicios públicos y el desmantelamiento de los límites al poder presidencial.
(*) Donald P. Moynihan es columnista de The New York Times
