A lo largo del año han aumentado considerablemente las discrepancias entre la estabilidad y el crecimiento de la economía pregonada por la propaganda gubernamental, por una parte, y las percepciones de la gente a partir de evidencias puntuales, pero de alta sensibilidad, como es el caso de la escasez de divisas y de carburantes, por otra.
Todo hacía pensar en consecuencia que las autoridades económicas aprovecharían la presentación del proyecto de Presupuesto General del Estado 2024 para adoptar algunos de los correctivos más urgentes.
Lejos de eso, las principales cifras que contempla el anteproyecto de PGE 2024 ponen en evidencia que no se busca cambiar las orientaciones básicas de la gestión económica. En efecto, el crecimiento general de la economía en 2024 se coloca en 3,7%; la inflación prevista es de 3,6%; la inversión pública se establece en $us 4.274 millones, y las subvenciones aumentarían en $us 3.000 millones respecto de 2023. La política cambiaria se mantiene inalterable.
El problema crítico consiste en un déficit fiscal de 7,8%, que no muestra variación respecto de la situación imperante a partir de 2014, con la diferencia de que ahora ya no será fácil financiar dicho déficit con recursos del Banco Central ni tampoco con financiamiento externo, en vista de que la deuda con los organismos multilaterales de financiamiento ya alcanza niveles sumamente elevados, y la colocación de bonos soberanos implicaría una tasa de interés altísima.
El análisis del nivel de la deuda externa y de la disponibilidad de las reservas internacionales netas se complica considerablemente en vista de la falta de información y transparencia respecto de las condiciones en las cuales se han contratado los créditos externos en los últimos años. Una aproximación muy útil proporciona un reciente informe de la Fundación Jubileo donde se muestra que el endeudamiento externo ha aumentado de $us 11.901 millones en 2020 a $us 13.300 millones en 2022, y que el 63% de ese monto se adeuda al BID, la CAF y el Banco Mundial. Entre los acreedores bilaterales, la China figura con un 11%.
Por otra parte, el balance comercial se ha tornado deficitario en vista de las importaciones de diésel y gasolina, que superan a las exportaciones de gas y petróleo. No parece que a corto plazo se vaya a revertir la posición de importador neto de hidrocarburos que ostenta el país, con todos los inconvenientes que esta situación trae consigo.
Por todo lo anterior, es probable que las deliberaciones de la Asamblea Legislativa sean con alta probabilidad más complicadas que lo ocurrido recientemente respecto del PGE 2023 reformulado.
En la perspectiva de 2024 es preciso mencionar una cuestión que también tendrá que ser encarada por el Gobierno. Se trata de la incorporación de Bolivia como miembro pleno al Mercosur, después de ocho años de negociación interrumpida, y que ahora se concreta en circunstancias diferentes del entorno sudamericano y del propio Mercosur, a la espera de la decisión de Argentina bajo la presidencia de Milei.
En cualquier caso, Bolivia tiene necesariamente que adecuar sus políticas y normas internas a las reglas del Mercosur en todos sus aspectos, muchas de las cuales serán de difícil cumplimiento, debido a incompatibilidades derivadas de su participación simultánea en la Comunidad Andina, el Mercosur y la ALBA.
Nótese, además, que nuestra balanza comercial es por de pronto superavitaria con la Comunidad Andina y deficitaria con el Mercosur, sin contar el contrabando de carburantes que se ha instalado en gran escala hacia el Perú ni el contrabando igualmente relevante desde Argentina de todo tipo de productos de consumo.
La gestión de los problemas esbozados requiere ciertamente una visión estratégica integrada y una serie de acuerdos con empresarios y regiones.
Horst Grebe es economista.
