A fines de noviembre, escuché detenidamente las intervenciones de tres profesionales de un altísimo nivel y conocimiento de la economía y la realidad social bolivianas, promovidas por Nueva Economía. Estos panelistas o expositores fueron Enrique García, Juan Antonio Morales y Hugo Molina.
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Destacando cada una de las intervenciones y su solvencia en las observaciones y sugerencias sobre el futuro del desarrollo, y coincidiendo todos en tres asuntos neurálgicos para el país, cito: a) la necesidad de crear políticas de largo plazo a través de un pacto político idóneo, desinteresado y pensando en nuestra Bolivia; b) el potenciamiento de nuestras relaciones con los inversionistas extranjeros y privados, dado las características y limitaciones económicas, competitivas y productivas en nuestro aparato productivo; y c) la necesidad de la instauración de una verdadera institucionalidad y el respeto al Estado de derecho en nuestro país, con los que si bien coincido también es preciso opinar y decir:
— Las políticas a largo plazo, a partir de 2009 hubo y existe una continuidad de los planes, programas y políticas públicas orientadas a defender y proteger un modelo que no solo es parte de una ideología política, sino de la constitucionalidad nacional, y por tal estas políticas, si bien se ven frenadas o potenciadas según el sector, la materia y las intenciones políticas, hoy adolecen de un resquebrajamiento interno por el distanciamiento del partido político gobernante de los últimos 15 años y por ello sufriendo una desaceleración o frenado inesperado sobre la continuidad de esas políticas de largo plazo, por lo cual se hace absolutamente necesario para las elecciones de 2025 un pacto político previo de respeto a los resultados y que la continuidad de políticas sea un hecho.
— En más de una oportunidad se dijo que una de las grandes falencias del país es la falta de atracción de inversiones, la Constitución restringe su participación y disminuye su importancia dedicándole mayor protagonismo al Estado, con el aditivo de la aprobación de leyes sobre empresas, inversiones y demandas de arbitraje internacional que lo hacen nada atractivo. Cuando de inversión se trata, no solo de por medio está la decisión del Estado anfitrión, sino de los acuerdos internacionales sobre inversiones y las estructuras jurídicas garantistas a dicha inversión, ausencia plena en el país que muy pocas expectativas genera para la atracción de inversiones, y lo peor es que nuestras proyecciones o estimaciones sobre la base de un negocio no generan a la fecha impacto en la empleabilidad, competitividad y productividad, siendo un asunto clave que debe discutirse.
— Otro aspecto ineludiblemente complicado y sensible en el país es el debilitamiento de sus instituciones y por ello la falta de institucionalidad, sobre todo en el Órgano Judicial, que de por sí genera duda sobre los manejos o administración del poder.
Aparte de estos tres aspectos relevantes también se habló de la problemática de la educación en el país, la brecha campo-ciudad, la salud, la descentralización, los equilibrios monetarios y fiscales y, por supuesto, la tecnología ligada a la inteligencia artificial, todos merecen una atención debida y un tratamiento especial que, como los tres aspectos antes referidos, se constituyen también en elementos transcendentales para proteger al Estado, su modelo y sus instituciones.
Finalmente, los datos económicos relevantes que se encuentran en la Asamblea Legislativa anuncian para 2024: 585 entidades del sector público, 55% del presupuesto nacional dirigido a salud y educación; y 30% para la Policía, las FFAA, universidades y ETA, una inversión pública de $us 4.270 millones para los sectores productivo, infraestructuras, social y multisectorial; unas políticas sociales de shock que atienden a los más necesitados; una subvención necesaria pero quizá inadecuada, aunque pensada para favorecer a todos y otros elementos que nos dicen que si bien no estamos tan mal como otros países, tampoco estamos tan bien como quisiéramos, por lo cual llega el momento de consolidar el modelo y unir fuerzas, ideas y luchar como un todo para todos, para “vivir bien”.
(*) Jorge Lizárraga es abogado
