El Ejecutivo remitió a la Asamblea el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2024, a objeto de que, en el marco de la Constitución, sea revisado y aprobado en un plazo de 60 días. En este contexto, los asambleístas, dejando de lado sus diferencias políticas, tienen la responsabilidad de dar certidumbre e informar a la población acerca de la continuidad de las políticas económicas que han contribuido a mantener la estabilidad económica. Esto se traduce en programas y proyectos de desarrollo sostenido para 2024.
Es imperativo recordar que el PGE constituye el instrumento más significativo de la política fiscal gubernamental, siendo la planificación a corto plazo el nexo con el Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES), con especial énfasis en la sustitución de importaciones.
El PGE 2024 es el medio con el cual el Modelo Económico Social Comunitario Productivo llega a efectivizarse, a través de las políticas de sustitución de importaciones e industrialización de recursos naturales, para dar continuidad a las políticas de redistribución del ingreso, beneficios sociales (bonos Juancito Pinto y Juana Azurduy, Renta Dignidad, entre otros), con pensiones (Bono Económico al Magisterio, Seguro Social Militar, entre otros), asegurando la sostenibilidad de las finanzas públicas y garantizando recursos para la salud y educación.
Con solo tres semanas restantes para la conclusión de 2023, la Asamblea debe aprobar el PGE en tiempos oportunos para el país. Es esencial recordar lo ocurrido con el reformulado del PGE 2023, que experimentó más de 50 días de debate y retrasó su aprobación, afectando principalmente a las entidades territoriales autónomas, universidades e instituciones del nivel central, perjudicando la conclusión de programas y proyectos de inversión a nivel nacional.
La Asamblea no puede repetir el mismo patrón, al contrario, debería facilitar la gestión planificada en el PGE 2024. Es notable observar la situación en América Latina, donde algunos órganos legislativos obstaculizan las acciones del Ejecutivo, como en Chile y Perú.
En Chile, su Congreso rechazó la reforma tributaria del presidente Boric, quien señaló: “Cuando el país comienza a mostrar señales de recuperación, empezamos a salir adelante de una crisis larga, hay un sector que intenta que las cosas no cambien, dejarlas tal y como están (…). Parece que el objetivo de alguno es golpear al gobierno e impedir los cambios, pero no es al gobierno a quien golpean, sino a los chilenos y chilenas». En Perú, el Congreso bloqueó el debate sobre el adelanto de elecciones presidenciales.
Aparte, Argentina enfrentará cambios con la posesión de Javier Milei como presidente desde mañana, con sus promesas de cambios tan grandes como titánicos problemas que atraviesa el país, pero estos cambios deberán ser apoyados por una mayoría de dos tercios en cada cámara legislativa, subrayando la necesidad de un amplio consenso para materializar los cambios propuestos por Milei, como ser la dolarización y el cierre del Banco Central.
Estos tres ejemplos resaltan la importancia de los asambleístas al momento de agilizar y aprobar propuestas de normas que beneficien a la ciudadanía o perjudiquen la gestión de un presidente electo, como ocurrió con el reformulado al PGE 2023.
En resumen, es crucial que los asambleístas, elegidos por el voto popular, dejen de lado sus afiliaciones políticas y trabajen en beneficio de la ciudadanía. La aprobación del PGE 2024 es un claro indicador de su compromiso con el país y su desarrollo, buscando fortalecer la industrialización con una distribución equitativa de los recursos en los tres niveles de gobierno (municipal, departamental y central), en favor de bolivianas y bolivianos, en el marco del PDES.
Edson Surco
es licenciado en Administración de Empresa y Contaduría Pública.
