La Asamblea Legislativa, a través de los diputados y senadores, cuenta ya con el proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2024 para su discusión, análisis, evaluación, tratamiento y aprobación, el cual fue consolidado por el Ministerio de Economía y Finanzas Publicas, de acuerdo con el calendario ya establecido para lograr una política fiscal acorde al Modelo Económico Social Comunitario Productivo, destinado a organizar las relaciones sociales de producción.
En este contexto, 585 entidades del sector público presentaron sus respectivos presupuestos, destinados para la ejecución de programas y proyectos de inversión pública, los cuales permitirán fortalecer el aparato productivo e industrial, dar continuar a las políticas sociales, disminuyendo la desigualdad y la pobreza, con la misión de asegurar la estabilidad macroeconómica y la sostenibilidad de las finanzas públicas.
Lea también: Hacia un futuro prometedor
Los representantes del pueblo en la Asamblea deben conocer la política fiscal que le da certidumbre a la población; asimismo, considerar que el PGE 2024 compone el trabajo de hombres y mujeres entendidos en la planificación, el presupuesto y diversos aspectos económicos de entidades del Órgano Ejecutivo, así como los gobiernos autónomos municipales, departamentales, universidades públicas, entre otros, que están constituidos dentro de las 585 entidades del sector público que elaboran programas y proyectos.
Es importante mencionar que el PGE 2024, como instrumento de la política fiscal, proyecta un crecimiento económico del PIB de 3,71%, una tasa de inflación de 3,60%, manteniendo la estabilidad cambiaria y una inversión pública de $us 4.274 millones, destinada al equipamiento y construcción de infraestructura productiva dirigida a la sustitución de importaciones.
Por lo tanto, el proyecto de Ley del PGE 2024 representa los objetivos que deben cumplir las distintas entidades para satisfacer las múltiples necesidades de la población (salud, educación, infraestructura, seguridad ciudadana, defensa nacional, medio ambiente, etc.), y recordemos que se debe tener la certidumbre antes de concluir la gestión 2023, a través de una norma tratada, sancionada y aprobada por nuestros representantes en el Senado y la Cámara de Diputados, para posteriormente ser promulgada por la primera autoridad del país.
Todos los miembros que conforman la Asamblea deben entender que el PGE 2024 plasma todas las obligaciones, necesidades, planes de desarrollo y progreso, y aspiraciones de las diferentes entidades que conforman gobernaciones, municipios autónomos, universidades, instituciones de seguridad social y los diferentes órganos del Estado, etc., que están consolidadas en esta ley; por lo tanto, su aprobación es de vital importancia para el desarrollo y la estabilidad de nuestro país.
(*) Javier Gonzalo Tirado es auditor financiero
