¿Está dispuesto el pueblo argentino a pagar el precio de la estabilidad económica? Esta incógnita ha inquietado a varios, especialmente al contemplar la posibilidad que el autodenominado liberal libertario Javier Milei ascendiera a la presidencia, algo que finalmente se hizo realidad. Aunque las acciones del nuevo gobierno podrían sugerir un anhelado resurgimiento económico, resulta innegable el alto costo social que conllevan.
A pesar de las promesas del nuevo presidente en torno a la reducción de la inflación como su objetivo primordial, existe una notable falta de detalles sobre el desafiante camino que enfrentará el pueblo argentino. Esto ha generado, como era de esperarse, un creciente malestar en ciertos sectores sociales frente a las medidas implementadas por el recién instaurado plan “motosierra” del gobierno, apenas días después de haber asumido el mandato.
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El 12 de diciembre, Luis Caputo, actual ministro de Economía y exsecretario de Finanzas durante el gobierno de Macri, presentó las primeras 10 medidas económicas del nuevo gobierno argentino. Destaca entre ellas la polémica depreciación del tipo de cambio a 800 pesos por dólar. Además, se contempla una disminución en los subsidios a la energía y el transporte, lo que ha suscitado inquietud sobre el costo de vida y el acceso a servicios esenciales.
En consonancia con la promesa de reducir los cargos políticos estatales, el gobierno ha adoptado medidas que incluyen la drástica reducción de ministerios de 18 a nueve, así como la suspensión temporal de la publicidad gubernamental y de toda obra pública. Aunque el ministro no ha especificado el ahorro proyectado por estos recortes, se espera mejorar el control sobre el déficit fiscal, un punto que, según Caputo y Milei, constituye el principal factor generador de la inflación actual.
El profesor R. Dornbusch, portador de un legado invaluable en el campo de la macroeconomía, introdujo hace décadas un concepto que se muestra relevante en la situación actual de Argentina: la tasa de sacrificio. Este indicador precisa el porcentaje de producción que una sociedad pierde por cada punto porcentual que se reduce en la tasa inflación. En otras palabras, la tasa de sacrificio mide la recesión necesaria para detener la inflación.
La urgencia por reducir la inflación en el país vecino no está en duda. Sin embargo, durante la reciente campaña electoral parece haberse mostrado solo el desenlace de la historia, omitiendo por completo los detalles de la trama para el pueblo argentino. Claro está, hablar sobre la depreciación del dólar, la reducción de transferencias y un eventual aumento del desempleo no serían estrategias ortodoxas de marketing político que hubieran sumado muchos votos en una elección presidencial. ¿Quién querría escuchar sobre las posibles consecuencias sociales cuando se puede pintar un cuadro idílico de soluciones para todos los problemas económicos?
Y si sabremos nosotros, los vecinos del norte, de “bancarnos” la pelusa. En 1985, el gobierno de la UDP dejó una estela de desastre sin precedentes en Bolivia: un cuadro hiperinflacionario que alcanzó el 8.256%, con el riesgo latente de llegar al 25.000% si no se producía un cambio de gobierno. En estado casi cataléptico, el país optó por el sacrificio en lugar de medidas superficiales. La receta es conocida por todos y se aplicó contundentemente: congelamiento de salarios, reducción de gastos estatales, entre otras medidas. A pesar de que la inflación se detuvo en seco, el resultado social fue devastador, con costos significativos que recayeron sobre los sectores más desfavorecidos de nuestra nación.
En el complejo escenario de la estabilización económica, queda claro que la aspiración a detener un ciclo inflacionario sin tendencia al equilibrio omitiendo ajustes estructurales profundos, no resulta viable. Por tanto, es fundamental reconocer que el ajuste necesario para este propósito puede conllevar sacrificios con consecuencias traumáticas, especialmente para los estratos más vulnerables de la sociedad. Esta compleja realidad, a menudo obviada en discursos políticos y campañas electorales, no se presenta como una solución popular o que se venda fácilmente.
Un viejo proverbio señala: ‘Una verdad contada a medias es una mentira completa’, una reflexión que todos deberíamos considerar, particularmente los líderes políticos, enfatizando la importancia de abrazar la verdad en su totalidad, incluso cuando ésta resulte incómoda, complicada y desafiante.
(*) Alexander Iturralde es economista
