Después que el gobierno de la UDP ocasionara una hiperinflación que batió récords incluso a nivel mundial, más de 8.000% en la gestión 1985, el gobierno libertario del MNR aplicó una política de shock teniendo como base principal el Decreto Supremo 21060, similar a lo que actualmente está aplicando el presidente argentino Milei.
No olvidemos que la principal oposición a las medidas de shock son las movilizaciones de los sindicatos y gremios de trabajadores, una de las primeras medidas fue el despido de los trabajadores, la reacción fue de “quien corta no cobra”, en alusión a que los trabajadores que bloqueen no recibirán la ayuda del gobierno; lo paradójico es que el discurso de Milei decía que los subsidios a los argentinos los convertía en “flojos”, ya que percibían ingresos sin trabajar, sin embargo, los subsidios siguen vigente en Argentina.
La lógica o la teoría de las políticas de shock tiene dos ramas: lo estatal y lo privado. En lo estatal se reduce el Estado (despido de funcionarios públicos) porque la participación del mismo solo se limita, en el mejor de los casos, a la regulación, que se la realiza con un número mínimo de funcionarios, los demás engrosan el ejército de desocupados.
En lo privado, el “reactivar” la producción pasa por la reducción de los gastos de producción y lo más fácil es abaratar la mano de obra, ya sea mediante el despido de trabajadores o, en el mejor de los casos, la reducción de los salarios y la desaparición de los beneficios sociales; nunca se observó que los empresarios amplíen su inversión y de esta manera mantener la cantidad de obreros (que sería otra opción de incrementar la producción).
Estas medidas, como consecuencia lógica, hacen que la población incremente el número de desocupados y una buena parte de la sociedad no cuente con ingresos monetarios para consumir los productos del mercado. Cuando una población no tiene ingresos suficientes para comprar, la opción de los productores será la exportación, vale decir que la producción se enviará al exterior y el mercado interno podrá abastecerse de las “demasías” de los productos de exportación, o sea, consumirán lo que los consumidores externos “no quieran consumir”. Esto ya lo vivimos en Bolivia con el 21060, donde la prioridad era lo mencionado por el tristemente célebre Goni: “exportar o morir”.
La opción o “libertad” de escoger de los desocupados se limitará a dedicarse a la informalidad comercial, la delincuencia (a lo que más probablemente se dedicarán para cubrir sus gastos esenciales) o lo que dijo Milei: a vender sus órganos.
La principal variable para que exista “libertad económica” es que los ciudadanos cuenten con ingresos monetarios para que tengan la verdadera libertad económica de poder escoger, qué y cuándo consumir; el contar con tres opciones: delincuencia, vender su cuerpo o parte de su cuerpo, o morir, no es libertad.
Miguel Marañón Urquidi es economista
