En Mott Haven, un barrio del sur del Bronx, decenas de miles de neoyorquinos (más del 95% de los cuales son personas de color) se despertaron y respiraron aire espeso por los gases de escape de los vehículos. Cientos de camiones pasan por aquí diariamente, hacia y desde el enorme centro de distribución de alimentos Hunts Point Produce Market, así como otros almacenes, instalaciones de envío y estaciones de transferencia de desechos cercanos.
El vecindario, a veces apodado Asthma Alley, tiene uno de los aires más contaminados del país, lo que deja a los residentes en mayor riesgo no solo de enfermedades pulmonares y accidentes cerebrovasculares debido a los vapores de diésel y otros contaminantes, sino también de asma. En 2015, Mott Haven y la vecina Melrose tuvieron la tasa más alta de hospitalización por asma entre niños de cinco a 14 años en la ciudad de Nueva York.
Mott Haven no es el único: hay cientos de vecindarios como este a la sombra de las principales autopistas, puertos y distritos de almacenes de todo el país, y más de 45 millones de personas en Estados Unidos viven a menos de 300 pies de una importante instalación de transporte o carretera que los expone a niveles de contaminación potencialmente peligrosos.
Es debido a comunidades como estas, donde el sufrimiento es tan dramáticamente desproporcionado con respecto a los vecindarios cercanos, a menudo más ricos, que durante su primera semana en el cargo, el presidente Biden emitió una orden ejecutiva comprometiéndose a enfrentar la crisis climática, “hacer responsables a los contaminadores” y “cumplir justicia ambiental en comunidades de todo Estados Unidos”. Señaló un compromiso significativo y fue reafirmado por otra orden ejecutiva en abril, prometiendo «proteger mejor a las comunidades sobrecargadas de la contaminación y los daños ambientales».
En un intento por cumplir estas promesas, la Agencia de Protección Ambiental propuso en abril una nueva norma para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en los camiones fabricados y vendidos a partir del año modelo 2027, una medida de vital importancia, ya que los camiones y otros vehículos pesados son responsables de casi el 30% de las emisiones relacionadas con el transporte por carretera del país. El objetivo era crear las condiciones para garantizar que una cuarta parte de los camiones pesados nuevos vendidos en Estados Unidos sean eléctricos para 2032.
Pero la regla es demasiado débil: dejaría a Estados Unidos muy por detrás de otras naciones e incluso del estado de California, donde los fabricantes de camiones ya acordaron aceptar un plan para prohibir la venta de nuevos camiones diésel grandes para 2036.
Todavía hay tiempo para que la administración revise el lenguaje propuesto para que su regla se alinee con los estándares de California, cumpliendo las promesas de Biden y mejorando dramáticamente la salud y la calidad de vida de millones de estadounidenses. Pero hasta ahora, su administración parece estar nerviosa por cerrar el trato.
Una norma final sólida no debería parecer una tarea difícil de cara a un año electoral. Los fabricantes ya están fabricando camiones limpios. California está años por delante de lo previsto en sus estándares y otros 10 estados han adoptado estándares muy similares.
La administración Biden debe dar lo que creo que es el paso más importante para rectificar la injusticia ambiental que puede dar en esta presidencia. Si puede reunir el coraje, esto es eminentemente posible.
Andrea Marpillero-Colomina es columnista de The New York Times.
