De acuerdo con la Declaración Constitucional 049/2023, los 23 magistrados de los tribunales Supremo, Constitucional y Agroambiental, y los tres miembros del Consejo de la Magistratura, electos en 2017, continuarán en sus funciones a partir de este 3 de enero.
Es decir, su mandato se extenderá más allá de los seis años consignados en la Constitución. Ese plazo constitucional debería haber terminado, a lo sumo, ayer 2 de enero y, este 3 de enero, deberían estar comenzando su gestión otros magistrados y consejeros electos en 2023, como estaba previsto.
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No será así. El Órgano Ejecutivo hizo casi nada por impulsar las elecciones judiciales, la Asamblea Legislativa se enlodó en su desinterés y sus disputas internas, y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) hizo el trabajo más oficioso que se haya visto: se ocupó de boicotear el proceso en cada paso, al principio sin entenderse por qué y luego se decantó en lo que se infería.
A partir de hoy tendremos magistrados y consejeros inconstitucionales, a vista y paciencia del poder político y la indignación de buena parte de la población que, otra vez, ve impotente cómo el TCP somete a la democracia a su libre albedrío, interpretando la Constitución a su antojo.
No es la primera vez que el TCP actúa a su manera, abusando de las demasiadas atribuciones concedidas en la Constitución de 2009, como lo observa recurrentemente el expresidente de la República y de la Corte Suprema de Justicia Eduardo Rodríguez Veltzé.
En 2019, a presión del incipiente nuevo poder político (se sabe que el exsenador Luis Vásquez Villamor cabildeó con los magistrados un pronunciamiento), emitió un comunicado que, bajo libre interpretación, permitió la autoproclamación presidencial de la senadora de minorías Jeanine Áñez. Invocaba una declaración de 2001 con la que blindó su sucesión constitucional el expresidente Jorge Quiroga ante la renuncia del enfermo terminal Hugo Banzer y el contenido central abordaba una sucesión ipso facto del Vicepresidente, no de otro cargo. Es más, advertía que “cualquier entendimiento distinto podría atentar contra la inmediatez en la sucesión presidencial”.
Se trataba de un simple comunicado, no una declaración ni una sentencia, menos una resolución, que son vinculantes. El propio entonces presidente del TCP, Petronilo Flores, afirmó en febrero de 2020, en una comparecencia en una comisión de la Cámara de Diputados, que dicho texto no era vinculante ni tenía “ninguna relevancia jurídica”.
A nadie le importó esas limitaciones. Ni el TCP, institucionalmente, hizo valer ese carácter no vinculante del comunicado. Y el poder político hegemónico de entonces, que se llenaba la boca con el “resguardo de la democracia”, invocó ese comunicado, aunque Carlos Mesa fue más allá, dijo que la de Áñez fue una “sucesión impecable”.
No menos polémica fue la Declaración Constitucional 0001/2020, con la que Áñez, senadores, diputados, gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales fueron declarados en prórroga de su mandato.
Sin embargo, años anteriores, otra decisión del TCP removió el avispero político y social. Fue la Sentencia Constitucional 0084/2017, que invocó el Pacto de San José y consideró un “derecho humano” la reelección presidencial indefinida. Evo Morales, al perder un referéndum en 2016 que le impidió una nueva repostulación, acudió al TCP, que falló a su favor, y se valió de esa sentencia para postularse otra vez en 2019.
Ahora, bajo otro gobierno, con el que Morales guarda una incesante disputa, el TCP acaba de desandar sus decisiones y disponer que dicha forma de reelección no es un derecho humano.
Todavía la ciudadanía despierta de su letargo de fin de año, pero está amaneciendo a merced, otra vez, del TCP, un suprapoder en desmedro de otros órganos del Estado. Y todo pasa a vista y paciencia de todos, sin margen de reacción.
(*) Rubén Atahuichi es periodista
