El resultado del último plebiscito constitucional efectuado en Chile, el pasado 17 de diciembre, demuestra claramente que hubo dos perdedores: por una parte, el líder del Partido Republicano, el ultraderechista José Antonio Kast, puesto que éste se veía como un nuevo candidato presidencial con posibilidades reales de ganar la contienda electoral prevista para fines de 2025; y por otra, los movimientos sociales.
La consulta tuvo lugar cuatro años después de la gran revuelta social de 2019, que sacudió la hegemonía neoliberal establecida en el vecino país desde hace cinco décadas, y dos años después de la elección de Gabriel Boric.
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Recordemos que el primer plebiscito de septiembre de 2022 fue para “aprobar” o “rechazar” la propuesta de nueva Constitución redactada por una convención con representantes mayoritariamente antineoliberales y con participación de pueblos originarios, movimientos sociales y paridad de género. Se trataba de un proyecto que recogía décadas de luchas sociales y aspiraba a un Chile democrático sobre la base de amplios derechos sociales.
En la consulta de 2022, más del 62% de la población ya había rechazado una propuesta constitucional, pero en este caso una Carta Magna claramente de izquierdas, paritaria y feminista, que proclamaba un Estado “plurinacional” y reconocía nuevos derechos a los pueblos indígenas. Para muchas y muchos constituyentes, se trataba de superar —al menos en parte— el Estado subsidiario neoliberal y un modelo de desarrollo extractivista y ecocida, heredados del dictador Augusto Pinochet y sus “Chicago Boys”.
Por el contrario, el plebiscito del 17 diciembre fue redactado por un consejo de mayoría de extrema derecha, con el Partido Republicano a la cabeza, que profundizaba el régimen político de la Constitución de 1980 y restringía derechos sociales.
Los 50 integrantes del Consejo Constitucional, que fueron electos en mayo de 2023, estaban liderados por una mayoría relativa adscrita al Partido Republicano de Kast, una nueva extrema derecha que ha emergido con fuerza en los últimos tres años, que se ha erigido como fuerza del “regreso al orden” con un discurso abiertamente racista, antiinmigrante, patriarcal y ultraconservador.
En alianza con la derecha, el Partido Republicano creyó poder redactar una Constitución a su imagen y semejanza, la de los “verdaderos chilenos” en palabras de la presidenta del consejo, la muy reaccionaria y luterana fundamentalista Beatriz Hevia.
La principal amenaza para los sectores populares del vecino país es la emergencia exitosa de una fuerza política de extrema derecha que logre capitalizar las derrotas de los dos referendos.
Ante esta situación y a 50 años del golpe de Estado, por miedo, ignorancia o falta de convicciones, el gobierno de Boric desaprovechó la ocasión para poner en valor la propuesta del gobierno del entonces presidente Salvador Allende.
En un escenario de polarización política, cuando un gobierno progresista ha sido incapaz de cumplir su programa, no es descabellado visualizar un próximo gobierno de derecha o de extrema derecha, porque las principales figuras presidenciables en las encuestas sean Kast y Evelyn Matthei, advirtió el analista político Juan Pablo Cárdenas.
Los resultados del plebiscito son el fracaso general de toda la clase dirigencial, como su incapacidad de ofrecerle al país una nueva Constitución ampliamente respaldada por miles de chilenos, como era demandada.
Ahora, la izquierda y los movimientos sociales, feministas y populares, tienen la obligación de sacar lecciones estratégicas de los últimos cuatro años.
La izquierda y los movimientos sociales deben aprovechar este momento de cierres y aperturas para hacer una autocrítica constructiva sobre la dispersión organizativa que implican las luchas sectoriales, cada una en su ámbito o en su territorio, sin la construcción de un espacio común de disputa por el poder en torno a un programa transversal y de independencia de clase.
Este nuevo ciclo enfrentará a las izquierdas y los movimientos sociales al problema de la construcción partidaria, en cuanto desarrollo de una fuerza política capaz de dar golpes unificados en una dirección común. Esto requiere, en primer lugar, identificar las razones por las cuales la rebelión de octubre de 2019 fracasó en imponer por sus propios medios los términos de la salida a la crisis, y por las que tuvo que transmutarse en proceso constituyente acordado y diseñado por y desde el Congreso.
(*) Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional
