La destrucción generalizada o sistemática de hogares ha sido durante mucho tiempo una característica de la guerra moderna. Pero lo que a menudo se pierde en las imágenes de los escombros y las estadísticas de los edificios destruidos es el profundo efecto de esta pérdida a nivel humano.
Porque un hogar es mucho más que una estructura: es un depósito de experiencias pasadas y sueños futuros, de recuerdos de nacimientos, muertes, matrimonios y momentos íntimos con nuestros seres queridos, entre vecinos y un paisaje familiar. La idea de hogar aporta consuelo y da sentido a nuestra vida. Su destrucción es la negación de la dignidad y la humanidad de una persona.
Lea también: Justicia Internacional ante el genocidio en Gaza
Es por esta razón que la destrucción sistemática e indiscriminada de barrios enteros mediante armas explosivas (como ocurrió en Alepo, Mariupol, Grozny y ciudades de Myanmar, o más gravemente en estos días en Gaza) debe considerarse un crimen contra la humanidad. Un número creciente de académicos jurídicos y de otro tipo están de acuerdo.
Se llama domicidio.
Los académicos han utilizado el concepto de domicidio en el contexto de proyectos de represas que desplazaron a personas en Canadá y la guerra en Siria, y se ha utilizado para llamar la atención sobre la demolición sistemática de viviendas palestinas y la denegación de permisos para construir otras nuevas en el Cisjordania por Israel.
Como experto independiente encargado por las Naciones Unidas de promover y proteger el derecho a una vivienda adecuada, creo que el delito de domicidio debería consagrarse en el derecho internacional humanitario y penal para que los gobiernos y los grupos armados puedan rendir cuentas. En un mundo cada vez más urbanizado, donde las ciudades densamente pobladas se están convirtiendo en campos de batalla comunes, la necesidad de adoptar medidas de este tipo es aún más urgente.
Todos entendemos que matar puede ser un asesinato, un crimen de guerra, un crimen de lesa humanidad o un acto de genocidio, dependiendo de la gravedad y la intención del acto. Lo mismo debería aplicarse a la destrucción de viviendas.
En Gaza, somos testigos de una destrucción abrumadora en términos de escala e impacto, y mucho peor que la que vimos en Dresde y Rotterdam durante la Segunda Guerra Mundial, donde unas 25.000 viviendas fueron destruidas en cada ciudad. En Gaza, más de 70.000 viviendas han sido destruidas y más de 290.000 han sufrido daños parciales. Todos los conflictos recientes están demostrando ser igualmente destructivos: en partes de Alepo, hasta el 65 por ciento de las estructuras fueron dañadas o destruidas en cinco años de conflicto, mientras que en Mariupol, aproximadamente el 32 por ciento de las estructuras fueron dañadas o destruidas en un año durante 2021. y 2022. En aproximadamente tres meses de conflicto, entre el 60 y el 70 por ciento de las estructuras en Gaza, y hasta el 84 por ciento de las estructuras en partes del norte de Gaza, han resultado dañadas o destruidas.
De hecho, lo que ha ocurrido con los hogares y las vidas en Gaza es un delito independiente: el domicidio. Puede que no sea una exageración decir que gran parte de Gaza se ha vuelto inhabitable, como alega la denuncia de Sudáfrica acusando a Israel de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia y que Israel niega. El tribunal, en un fallo preliminar, pidió a Israel que tome medidas para prevenir el genocidio en Gaza y evitar la imposición de condiciones que resulten en destrucción física total o parcial.
E incluso si Gaza se reconstruye físicamente, el trauma de perder hogares (las vidas destrozadas, el paisaje borrado y los recuerdos borrados) durará décadas. Consagrar el domicidio en la ley puede hacer que los países se lo piensen dos veces antes de infligir ese trauma en el futuro.
(*) Balakrishnan Rajagopal es el relator especial de la ONU sobre el derecho a una vivienda adecuada y columnista de The New York Times
