La decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de ratificar la inhabilitación, por 15 años, de la opositora María Corina Machado ha vuelto a crispar las maltrechas relaciones entre Caracas y Washington. El gobierno de Nicolás Maduro y la Asamblea Nacional (Parlamento) rechazaron las amenazas de Estados Unidos en los asuntos internos del país llanero, denunciando de flagrante intromisión.
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, amenazó con aplicar más sanciones a Venezuela y aseguró «tener opciones a nuestra disposición».
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Kirby advirtió la semana pasada al gobierno de Maduro que tiene hasta abril para cumplir con los acuerdos alcanzados con la oposición en Barbados antes de que Estados Unidos tome decisiones sobre las sanciones que pretende aplicar contra Caracas.
En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado las recientes inhabilitaciones políticas y ha alertado de que estas maniobras “son propias de regímenes autoritarios”.
Para contrarrestar estas posturas, el Ministerio para Relaciones Exteriores, a través de un comunicado, repudió los intentos de chantaje e intromisión en los asuntos internos por parte del gobierno de Estados Unidos, los cuales, dijo, constituyen un ultimátum contra toda la sociedad venezolana. También el Parlamento rechazó de manera categórica cualquier injerencia en los asuntos internos de la República Bolivariana.
Ya a fines de enero, la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense indicó que hasta el próximo 13 de febrero autorizaba las operaciones que involucran a la Compañía General de Minería Venezolana (Minerven), una estatal venezolana de extracción aurífera, adscrita a la Corporación Venezolana de Guayana (CVG).
Con la licencia general número 43A, que sustituye a la 43 —emitida en octubre—, el Departamento del Tesoro ordena nuevamente cerrar todas las operaciones con la minera venezolana. En marzo de 2019, Minerven fue incluida a la lista negra de la OFAC, por lo que sus activos fueron bloqueados y se prohibió a los estadounidenses establecer relaciones comerciales con ellos.
Estos hechos se dieron justamente tras la develación, el jueves último, de una investigación periodística de la agencia The Associated Press que señala la existencia de una supuesta operación encubierta de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) que se proponía, en 2018, construir casos de narcotráfico contra miembros del gobierno venezolano, lo que coincide con las recientes denuncias de conspiraciones que hizo públicas el presidente Maduro, que salpicaron a la agencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos.
The Associated Press tuvo acceso a un “memorando secreto” donde se detallaba una operación encubierta, que se extendería hasta 2019, basada en operaciones encubiertas que buscaban grabar ilegalmente y “construir casos de narcotráfico” contra los dirigentes del chavismo.
Según la agencia, este documento se redactó durante la campaña de “máxima presión” que llevó adelante Donald Trump durante su mandato (2017-2021), con la finalidad de deponer a Maduro a través de mecanismos como las sanciones, desconocimiento de sus instituciones, amenazas de intervención militar, entre otros.
El pasado 14 de enero, durante su mensaje a la nación en la Asamblea Nacional, Maduro responsabilizó a la DEA de estar detrás de un supuesto atentado fallido con drones en 2018 contra su integridad física.
La investigación de Associated Press señala también que con la finalidad de generar inestabilidad política en el país, en 2018 altos funcionarios de la DEA “conspiraron para desplegar al menos tres informantes encubiertos para grabar subrepticiamente a altos funcionarios sospechosos de convertir a Venezuela en un narco-Estado”.
El analista español Fernando Casado afirma que “el expediente del narco-Estado fue una de las líneas de ataque contra Venezuela para justificar la imposición de unas sanciones económicas”, que fueron recrudeciéndose a partir de la llegada de Maduro a Miraflores, en 2014.
Es vox populi que con la finalidad de eliminar políticamente a jefes de Estado o expresidentes latinoamericanos que son contestatarios a las políticas estadounidenses, Washington recurre a acusaciones, sin presentar pruebas, de que ellos están implicados en el tráfico de drogas, ligados estrechamente a los cárteles del narcotráfico internacional.
(*) Alfredo Jiménez Pereyra es periodista y analista internacional
