A un año de las elecciones presidenciales y parlamentarias, se proyecta que las tensiones en las entrañas del Movimiento Al Socialismo (MAS) van a ir in crecendo, sobre todo con el propósito de apoderarse del control partidario. De allí definir a los postulantes presidenciales para las elecciones de 2025. El conflicto, de fines de enero e inicios de febrero, puso en vilo al país. Desde la perspectiva de las correlaciones de fuerza, éste se erigió en una muestra de la conflictividad que se avecina. Pero, al mismo tiempo, proporciona datos interesantes para el análisis prospectivo.
Este conflicto exhibió los recursos de poder y sus límites de los diferentes actores estratégicos en el ruedo de la disputa por el poder al interior de la estructura partidaria oficialista. No debemos olvidar, la crisis de la coyuntura política de inicios de 2024 arrancó con la no convocatoria de las elecciones judiciales que derivó inclusive en un proceso de desinstitucionalización del Poder Judicial con efectos innegables para la democracia boliviana.
La convocatoria a las judiciales coincidió con las disputas al interior de la estructura partidaria oficialista. En rigor, el ala evista asumió que era un momento adecuado para poner piedras en el camino del gobierno de Luis Arce y en esa conducta política, por razones instrumentales, se sumó la oposición parlamentaria al MAS para dilatar la elección. Por su parte, el ala arcista percibió que la continuidad, específicamente de los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), podría ser funcional a sus propósitos políticos, a sabiendas que esta instancia judicial anteriormente se acomodó a los intereses políticos del gobierno de turno desde el referéndum constitucional, a pesar que existía un veredicto popular imposibilitando la reelección de Evo Morales; pero el TCP, urdiendo el discurso de “derecho humano”, allanó la senda al entonces mandatario para postularse a una nueva elección presidencial. Luego, en el curso del golpe de Estado, a través de un comunicado oficioso e ilegal, refrendó la ruptura constitucional en 2019.
Efectivamente, el gobierno de Arce no se equivocó porque al filo de su mandato constitucional, en diciembre de 2023, el mismo TCP que habilitó anteriormente al expresidente Morales, en esta nueva coyuntura política lo inhabilitó para una nueva elección presidencial. O sea, el TCP actuó en concordancia con los propósitos políticos internos del arcismo de relegar a Morales de la refriega interna para ser el futuro candidato a la presidencia del MAS.
Hasta inicios de enero de 2024, el evismo solo era consciente que sus recursos de poder se reducían al control partidario del MAS y su bancada parlamentaria al interior del hemiciclo de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP). Ante este escenario, el evismo asumió desplegar otro recurso de poder que hasta ese momento era incierto en su efecto político: el bloqueo de caminos.
En esa lógica, el evismo decidió poner a prueba su capacidad de movilización de sectores campesinos allegados al expresidente. El bloqueo de caminos en el eje central, especialmente en el departamento de Cochabamba, adquirió un efecto geopolítico: paralizó el país. O sea: existió un efecto territorial. Además, se esgrimió el discurso de la prórroga inconstitucional de los magistrados; el evismo demostró un nuevo recurso de poder. Empero, esta estrategia política tiene un límite: el desgaste político. Entonces, el conflicto volvió a su cauce original, el escenario de la ALP: los actores se obligaron a pactar.
Yuri F. Tórrez es sociólogo.
