Bolivia está más cerca que nunca de incumplir su deuda. Actualmente, necesita unos $us 3.000 millones mensuales para mantenerse a flote y afrontar el pago de su deuda. Para alcanzar esta cantidad, el gobierno de Arce había aceptado préstamos internacionales del Fondo Monetario Internacional, bancos centrales de inversión respaldados por el gobierno chino, y había apostado fuertemente por nuevos ingresos provenientes de los nuevos acuerdos de extracción de litio con China y Rusia.
Sin embargo, el gobierno de Arce rechazó recientemente los pagos de préstamos del FMI y la producción de litio solo ha alcanzado el 1,5% de lo deseado, según fuentes en Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB). Como resultado, ha tenido que pedir prestado más fondos al Banco Central, pero éste se está quedando sin oferta (dólares), lo que, junto con la devaluación del dólar, está vaporizando los ahorros nacionales.
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Incluso los préstamos necesarios para que el gobierno de Arce pueda cumplir con sus obligaciones de solvencia están estancados en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Están siendo bloqueados, en parte, por miembros de la coalición de Evo Morales, miembros de la oposición de derecha y algunos miembros de la propia coalición de Arce. La oposición en la Asamblea tiene una variedad de demandas, incluidas elecciones judiciales más tempranas para magistrados dentro del Tribunal Supremo y concesiones económicas para mantenerse al día con los costos de vida mientras Bolivia enfrenta su situación económica más precaria en dos décadas.
Siguiendo de cerca la crisis, las agencias de calificación internacionales, incluidas Fitch y Standard & Poor’s, han rebajado la calificación crediticia (para la seguridad de inversión) de Bolivia a una CCC. Esto está a solo un paso de una calificación de DDD, o default, en la que solo países fallidos o países frágiles como Burkina Faso, Sri Lanka, Pakistán, Argentina y Ucrania se encuentran. Bolivia acaba de unirse a ese grupo de Estados. Al decir, históricamente, esto es el peor momento para invertir en Bolivia. Peor aún, las agencias internacionales de calificación le han dado una perspectiva negativa, lo que significa que es probable que la calificación baje de CCC a DDD.
Un default sería un resultado catastrófico para Bolivia y significaría una toma completa de las instituciones financieras públicas bolivianas (incluido el Banco Central) por parte de instituciones financieras internacionales. Una adquisición requeriría un programa de reajuste estructural, lo que significa que Bolivia tendría poco o ningún margen de maniobra en sus finanzas y sus políticas serían dictadas por prestamistas extranjeros para garantizar que su deuda se pague en su totalidad. Por el momento, solo Argentina está cerca de recibir este tratamiento, después de haber pasado por una toma de control similar a la de un default por parte del FMI durante las últimas dos décadas. Grecia todavía no se ha recuperado completamente de su default debido a una crisis financiera y económica en los años 2000 y 2010. Tener que pasar por el mismo episodio destruiría la seguridad económica de millones de bolivianos, y seguramente significaría el fin de la presidencia de Arce.
Fuentes cercanas al Banco Central de Bolivia y al gabinete de Arce revelan que una táctica considerada por el Gobierno sería poner un recorte significativo a los subsidios a los hidrocarburos. Estos subsidios equivalen aproximadamente a la discrepancia necesaria para que el gobierno de Arce continúe con los pagos de su deuda, y recortarlos podría ayudar a sortear los bloqueos en la Asamblea. Sin embargo, recortar los subsidios significaría una fuerte caída en la producción de energía, lo que llevaría a mayores costos de energía y electricidad para todos los bolivianos.
Los miembros de la oposición también se verían afectados, ya que quedaría claro para el público boliviano que la oposición en la Asamblea, incluida la coalición de Evo Morales y la oposición de derecha en Santa Cruz, eran el principal impulso detrás de esta inminente crisis económica. Por lo tanto, todos los actores involucrados incurren en un costo político significativo al impedir que se resuelvan los pagos de la deuda.
(*) Joseph Bouchard es un periodista canadiense en América Latina, con experiencia de reportaje en Bolivia, Brasil, Ecuador y Colombia
