Hace poco —digamos unos 12 años—, como sociedad se nos iba la vida en el pugilato argumentativo respecto a nuestra autoidentificación indígena. Una pregunta en la boleta censal nos había llevado a mirarnos al espejo y también alrededor, ¿somos indígenas? ¿mestizos? ¿eso es una categoría? ¿somos acaso 36? ¿eso dice la CPE o la realidad? ¿Estado Plurinacional?
Entonces, Opinión Pública mediante, ese nutrido debate nos obligaba a tomar partido (y conciencia) sobre cómo nos autoidentificamos las y los bolivianos. En el mediano plazo, ese debate caló tanto que cuando, hoy en día, se comenta sobre el Censo, es inevitable retornar a esas categorías y re-politizarlas (cómo no, también a conveniencia).
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Convengamos que un censo es una actividad altamente técnica y que tanto éste como los anteriores tuvieron un alto nivel de involucramiento de profesionales que trabajan con datos y es un momento-país del que, ineludiblemente, corresponde hacer parte. Pero no olvidemos que gran parte de las categorías y las preguntas dan cuenta de paradigmas y enfoques mediante los cuales se lee, entiende y postula la realidad. Y que, lo ideal, en una sociedad vitalmente crítica hubiera sido que la discusión en torno a estos paradigmas y enfoques (materializados en preguntas) tuvieran una fuerza mayor que la silenciosa resignación tecnócrata de aceptarlas sin discutirlas.
Un año antes al momento recordado, concretamente en 2011, otro elemento estaba bajo el paraguas de la discusión nacional, se trató del reglamento para la selección de candidaturas a alta autoridades del Órgano Judicial, proceso que implicó un debate nacional respecto a los parámetros que permitirían asegurar la implementación de ese, entonces, novedoso mecanismo democrático de elección de autoridades judiciales. Entonces, el centro de la conversación (en clave de disputa política) buscaba dilucidar algo que hasta ahora no se ha desenmarañado y es la independencia política-partidaria de estas autoridades.
Con el paso del tiempo y dos procesos electorales para este efecto, este mecanismo que pretendía ser una opción para solucionar un problema de larga data que, con el tiempo, solo se ha ahondado, ha demostrado no serlo. Pero ese convencimiento no deja de lado ese momento de la historia en que los intentos por cualificar este mecanismo, y que de verdad funcione y lo haga bien, estaban a la orden del día; a la orden de la deliberación en la Opinión Pública.
En dos días más, asistiremos al cierre de una nueva convocatoria para postulantes a autoridades del Órgano Judicial (si es que no requiere una ampliación por falta de éstos) y en 15 días más nos tocará abrir las puertas (y, ojo, quedarnos en ellas) a la o el voluntario asignado a nuestros domicilios para que le contemos cómo va nuestra calidad de vida y la de nuestras familias. Ambas situaciones ocurrirán con la vitalidad social y el entusiasmo colectivo mermado respecto a sus versiones anteriores. En suma, si alrededor de una década atrás lo que estaba en juego era la cualidad y esencia política de los procesos, pareciera ser que el día de hoy ya su sola realización constituye una victoria.
Y es que sucede que, como bien señala Luis Claros en el Animal Político de La Razón el pasado domingo, hemos pasado de un tiempo de “efervescencia de la discusión de un proyecto (a uno de) discusiones de baja intensidad”. Y si a eso le sumamos el escenario que también describe como “polarizado y de simplificación”, además del agotamiento propio que conlleva la degradación del campo político, tenemos como resultado una ciudadanía que está anteponiendo la desafección por la institucionalidad antes que el compromiso con lo público.
(*) Verónica Rocha Fuentes es comunicadora. Twitter: @verokamchatka
