En un mitin en Wildwood, Nueva Jersey, Donald Trump dijo que si es reelegido, “deportará inmediatamente” a cualquier manifestante universitario que “viene aquí de otro país y trata de traer el yihadismo, el antiamericanismo o el antisemitismo”. Por supuesto, Trump se basa en la imprecisión lingüística. ¿Qué significa “tratar de traer”? ¿Estamos utilizando sus definiciones de yihadismo, antiamericanismo y antisemitismo? ¿Cómo se monitorearían esos sentimientos? ¿Las deportaciones serían extrajudiciales? ¿Las deportaciones serían solo de titulares de visas de estudiantes o incluirían a titulares de tarjetas verdes?
Esta promesa de campaña —esta amenaza— no solo es inviable; es ridícula. Pero es una poderosa propaganda. Vincula el mensaje de nativismo y xenofobia de Trump con una de sus fijaciones: un enfoque de mano dura ante las protestas que desafían sus creencias o intereses. Pero lo que Trump parece ver como una debilidad es en realidad una de las fortalezas de Estados Unidos: la Primera Enmienda. Protege no solo la libertad de expresión sino también la libertad de reunión pacífica. La Primera Enmienda también protege la libertad de prensa, que ha estado bajo constante ataque por parte de Trump. Sus incesantes referencias a los medios de comunicación como “enemigos del pueblo” no solo han ayudado a envenenar el sentimiento público sobre la confiabilidad de los hechos básicos; Durante mucho tiempo ha expresado su deseo de erosionar la libertad de prensa en el país en general.
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En muchos sentidos, Trump está en guerra con la Constitución. En 2022, pocas semanas después de anunciar su campaña actual, recurrió a las redes sociales y continuó con su mentira de que las elecciones de 2020 habían sido robadas, y escribió: “Un fraude masivo de este tipo y magnitud permite la terminación de todas las reglas, regulaciones y artículos, incluso los que se encuentran en la Constitución. ¡Nuestros grandes ‘Fundadores’ no querían ni tolerarían elecciones falsas y fraudulentas!” De hecho, uno de los mayores temores de los fundadores era un demagogo populista.
Y si Trump es reelegido, algunos de sus aliados ya están planeando complacer e institucionalizar sus vislumbres autoritarios. Gran parte de lo que han planeado implica remodelar el poder ejecutivo y explotar el poder regulatorio. Pero sería imprudente pensar que Trump se limitaría de esta manera. Con un Congreso servil también podría, potencialmente, promulgar leyes que socaven la Constitución. Hemos visto esto antes. En 1798, temiendo una posible guerra con Francia, un Congreso controlado por el Partido Federalista aprobó una serie de leyes conocidas como Leyes de Extranjería y Sedición, que permitían al presidente deportar a “extranjeros” y permitir el arresto, encarcelamiento y deportación de ciudadanos de un país enemigo durante tiempos de guerra. La Ley de Sedición hizo ilegal “imprimir, pronunciar o publicar… cualquier escrito falso, escandaloso y malicioso” sobre el gobierno.
Como explica el Archivo Nacional: “Las leyes estaban dirigidas contra los demócratas-republicanos, el partido típicamente favorecido por los nuevos ciudadanos. Los únicos periodistas procesados en virtud de la Ley de Sedición fueron editores de periódicos demócratas-republicanos”. La Ley de Sedición ya no figura en los libros, pero ahora se considera ampliamente que es inconstitucional. Es alarmante ver a tantos estadounidenses encogerse de hombros cuando un ex presidente plantea una idea similar.
Como Benjamín Franklin publicó en su periódico, medio siglo antes de que se redactara y adoptara nuestra Constitución: “La libertad de expresión es el pilar principal de un gobierno libre; cuando se quita este apoyo, la constitución de una sociedad libre se disuelve y la tiranía se erige sobre sus ruinas”. Esa parece ser la ambición de Trump.
(*) Charles M. Blow es columnista de The New York Times
