Cuando se erosiona la institucionalidad democrática y la población descree de ésta, es que el síndrome del caos y el río revuelto se convierte en la gran oportunidad de politiqueros y personas sin escrúpulos. Estos grupos que hicieron de la política una forma de enriquecimiento ilícito y ascenso social, en otras palabras, un emprendimiento empresarial vaciado de contenidos ideológicos y programas, convertido en una vulgar actividad comercial, son los beneficiarios directos. De estos jubilosos practicantes está plagada la política y los cargos ejecutivos en los gobiernos. La democracia ha democratizado, paradójicamente, la mediocridad y la banalidad mercantil para desgracia de las mayorías. Es una democracia al revés, se elige para representarnos a la mayoría a supuestos ciudadanos probos para que estos, por artilugios leguleyescos, se conviertan en minoría dictatorial. Eso ocurre en la Asamblea, salvando contadas excepciones que son engullidas sin piedad.
La ausencia del Estado en las múltiples poblaciones de Bolivia es una presa mucho más fácil de controlar por clanes familiares y grupos incrustados en pequeñas bandas que conforman auténticos consorcios delincuenciales que se dedican al contrabando, el narcotráfico, los robos a pequeña escala, entre otros delitos que siempre quedan impunes ante la ausencia de una autoridad que articule controles mínimos para una convivencia pacífica o por lo menos tolerable. Eso no ocurre porque las autoridades son devoradas y más bien se convierten en los principales organizadores de estos atropellos, con la ventaja que representan la autoridad del Estado.
No es sorprendente que un jefe de Diprove, dirección encargada de prevenir y luchar contra el robo de vehículos, se convierta en narcotraficante en poco tiempo, porque ambos delitos están conectados. Estas oficinas que están en la ciudad de La Paz reflejan físicamente los contubernios y tratos oscuros entre los “investigadores”: si es un automotor viejo te piden una serie de documentos para que pierdas tu tiempo obteniéndolos y escapen los ladrones; en tanto, si se trata de un automotor último modelo todo marcha muy rápido porque hay una recompensa extra que tú no puedes ofrecer y tu automotor aparece porque el “investigador” conoce a los delincuentes especialistas en cerebros electrónicos. Para el primero no hay esperanza, nunca aparece el automotor ni siquiera “charqueado” en la feria de la 16 de Julio o el Puente Vela. Esas oficinas donde se cocinan estos tratos funcionan casi a media luz, con el techo muy bajo; en un recoveco de las laderas del oeste. Por allí desfilan los ingenuos que aún creen en la eficiencia de la Policía y de su letrero: “Todos somos iguales ante la Ley”.
Ante la ausencia de una autoridad confiable, la furia y la irritación empiezan a confluir entre las poblaciones que, más bien, se sienten amenazadas por la Policía misma y surge la emotividad comunal dejando atrás el racionamiento, y explota la complicidad linchando a delincuentes sin juicio previo, porque tampoco la Justicia es una garantía creíble, sino todo lo contrario. Esta terrible práctica que viola todos los derechos humanos es un fiel reflejo de la decadencia de los valores y de la capacidad de los dirigentes mundiales que, en sesiones rimbombantes, pregonan el año de los derechos humanos, del niño, de la naturaleza, pero es evidente que la humanidad no ha avanzado, mientras la tecnología nos aleja más de estos valores elementales de convivencia.
El coronel Ch. Lynch (1738-1796) tuvo el trágico honor de convertir su apellido en verbo mortífero, cuando durante la Guerra de la Independencia de Norteamérica mandaba tropas a reducir sin juicio previo a colonos leales a la Corona inglesa. En ese ambiente belicoso sin reglas, estos grupos consideraban actos éticos frente a una población desguarnecida. Bolivia pareciera que estuviera en estado de apronte por el lenguaje belicoso, cargado de odio que destilan los asambleístas frente a sus ocasionales rivales que, se supone, son también hombres y mujeres probos que nos representan, pero la impulsividad atávica de violencia verbal los atrapa y muchas veces se convierte en agresión física. Tal vez no tienen la capacidad para percibir que los estamos observando y piensan que sus actitudes de una supuesta fiscalización no son otra cosa que un instrumento para objetivar su grado de radicalidad que nos hace un profundo daño y puede recalar en escenarios más peligrosos.
Édgar Arandia Quiroga es artista y antropólogo.
