El debate por la justicia no es un tema nuevo, ni un tema solo cuestionado en Bolivia, como sucede en la actual coyuntura. Sin embargo, los poderes institucionalizados aún no han comprendido la significancia profunda de este concepto, en la cotidianidad, en las relaciones y los tejidos sociales del pueblo.
La teorización de lo que representa la justicia, se remonta a siglos atrás, por ejemplo, Platón la define como “la armonía y equilibrio en la sociedad”; por su parte, Aristóteles plantea que “es dar a cada uno lo que le corresponde”. Uno de los autores más cercanos a la modernidad, como es Kelsen, caracteriza a la justicia como “subjetiva y extrajurídica”, diferenciándola del derecho que se basa en la autoridad y la jerarquía normativa.
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Más allá de estas importantes teorizaciones, nos permiten entender que la justicia siempre estuvo en el debate en diferentes momentos de la evolución de la historia de la humanidad, pues en nuestras actuales sociedades se ha constituido en un bien común, ya que la justicia no se limita a ser un conjunto de normas y principios legales, sino que se concibe como un elemento esencial para el bienestar colectivo, que puede implicar desde garantizar que todos los miembros de la sociedad tengan acceso a los derechos fundamentales, oportunidades educativas, servicios de salud y otros aspectos esenciales para el desarrollo humano, hasta el abordaje en la actualidad de la protección del medio ambiente y la gestión responsable de los recursos naturales, en términos de la sostenibilidad, asegurando que las acciones presentes no comprometan el bienestar de las generaciones futuras.
Por otra parte, la justicia también se puede abordar como derecho, lo cual se refiere al conjunto de principios, normas y garantías legales que buscan asegurar que todas las personas sean tratadas de manera equitativa, imparcial y conforme a la ley. Este enfoque se basa en la idea de que cada individuo tiene derechos inherentes que deben ser protegidos y respetados por el sistema legal. La justicia como derecho reconoce y protege los derechos fundamentales de las personas, como la vida, la libertad, la igualdad, la propiedad y la dignidad. Estos derechos son considerados esenciales y universales.
Lo mencionado en el párrafo precedente implica que las leyes deben ser claras, previsibles y aplicadas de manera coherente. Esto garantiza que las personas puedan entender las reglas y prever las consecuencias legales de sus acciones. Por lo cual, para el funcionamiento de sociedades democráticas y el Estado de derecho, a través de la protección de los derechos individuales y la aplicación imparcial de la ley, se busca establecer un equilibrio entre la necesidad de mantener el orden público y la protección de la libertad.
Por tanto, la justicia es también una forma de vida, que implica adoptar principios y prácticas que buscan la equidad, la imparcialidad y el respeto a los derechos y la dignidad de todas las personas en todos los aspectos de la vida cotidiana. No se limita únicamente al ámbito legal, sino que se extiende a las interacciones diarias, las relaciones sociales y la toma de decisiones en diversos contextos.
Adoptar la justicia como forma de vida implica integrar principios éticos y prácticas equitativas en todos los aspectos de la vida cotidiana. Esto va más allá de simplemente cumplir con las leyes y reglamentaciones, abogando por una manera de vivir que promueva la igualdad, la dignidad y la justicia en todas las interacciones y decisiones.
Esta idea de justicia, en Bolivia, todavía es una utopía, el país se enfrenta al gran desafío de construir un sistema de justicia que responda a las expectativas del pueblo boliviano, que las instituciones que la administren gocen de legitimidad y quienes son los responsables de hacer justicia hagan lo que realmente es justo.
La justicia es un pilar fundamental en la estructura de cualquier sociedad democrática y del Estado de derecho. Por lo cual, la legitimidad de las instituciones define también el cumplimiento de los preceptos básicos como la imparcialidad, la equidad y la accesibilidad. Cuando la justicia falla en cumplir estos preceptos, se produce una erosión de la confianza pública. La ciudadanía comienza a percibir el sistema judicial como ineficaz o parcial, lo cual puede llevar a una disminución del respeto por la ley y el orden.
(*) Diego Pary es representante permanente de Bolivia y vicepresidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas 2023-2024
