Durante los últimos siete meses, el mundo se ha horrorizado ante las imágenes de fosas comunes, cuerpos mutilados, niñas y niños muriendo de inanición y ciudades arrasadas en Gaza. La devastación no tiene precedentes: más niñas y niños han muerto en cuatro meses, que aquellos privados de su vida en el marco de todos los conflictos del mundo entero en los últimos cuatro años; la tasa de inanición se ha convertido en la más veloz que se haya observado; y este conflicto constituye el episodio más mortífero para periodistas y personal humanitario que se haya registrado.
No nos equivoquemos. Esto no es simplemente una guerra. Es un genocidio.
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Soy parte de un grupo de especialistas en derecho internacional, integrado por profesionales de diferentes programas académicos, clínicas y proyectos de derechos humanos. Este grupo —integrado por University Network for Human Rights (UNHR), y por las universidades de Boston, Cornell, Pretoria y Yale— ha investigado las acciones de Israel en Gaza. La semana pasada, en el marco del aniversario de la Nakba (“catástrofe” en árabe) —que conmemora la expulsión de más de 750.000 palestinos a manos de fuerzas israelíes durante el establecimiento del Estado de Israel—, hemos publicado un informe de 100 páginas que concluye que Israel comete genocidio contra la población palestina de Gaza.
Nuestro informe, Genocidio en Gaza: Análisis del derecho internacional y su aplicación respecto de las acciones militares de Israel, desde el 7 de octubre de 2023, desarrolla la naturaleza genocida de las operaciones israelíes en Gaza. En los últimos siete meses, Israel ha asesinado, al menos, a 35.000 palestinos; de ellos, 15.000 niñas y niños. Además, Israel ha herido a más de 75.000 personas. El 75% de las y los habitantes de Gaza han sido desplazados por la fuerza mientras que Israel destruye hospitales, escuelas, viviendas y, a su vez, impide la entrega de ayuda humanitaria y asesina personal humanitario. Las acciones de Israel han desencadenado el actual escenario, en donde cuatro de las cinco personas más hambrientas del mundo se encuentran en Gaza.
Estos hechos se han desatado al mismo tiempo que dirigentes israelíes de todos los niveles han instado abiertamente a la destrucción de Gaza y del pueblo palestino que la habita. Funcionarios han exhortado a las tropas a “borrar Gaza entera de la faz de la tierra” y han hecho declaraciones como: “Estoy orgulloso de las ruinas de Gaza, y de que cada bebé —incluso en 80 años— contará a sus nietos lo que hicieron los judíos”. El primer ministro Netanyahu y otras autoridades han referenciado pasajes bíblicos para justificar la aniquilación total de los palestinos. Asimismo, el presidente israelí ha exigido el castigo colectivo de todas las y los gazatíes, y Galant, el ministro de Defensa, articuló sucintamente la intención de las operaciones de Israel en Gaza de esta forma: “Eliminaremos todo”.
Es raro que los autores de este crimen sean tan honestos sobre sus intenciones genocidas.
Las conclusiones de nuestro informe coinciden en un momento en que Israel enfrenta serias consecuencias jurídicas ante tribunales internacionales. En enero, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) dictó una orden de medidas provisionales en la que observa “un riesgo real e inminente” de genocidio. El 20 de mayo, el fiscal jefe de la Corte Penal Internacional solicitó una orden de detención contra Netanyahu, el primer ministro, y Galant, el ministro de Defensa, por sus participaciones en crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
Si bien la responsabilidad de Israel debe ser determinada, cabe subrayar que la comunidad internacional también es responsable de poner fin al derramamiento de sangre en Gaza.
Lo singular del crimen de genocidio es que todas las naciones tienen el deber de prevenirlo, así como la responsabilidad de no ser cómplices. Esto significa que mi propio país, Estados Unidos —siendo el mayor proveedor de armas de Israel— también está sujeto a la determinación de responsabilidad internacional.
El Gobierno boliviano fue el primer país no musulmán y el primer país latinoamericano en apoyar públicamente la demanda realizada por Sudáfrica en contra de Israel frente a la CIJ. La declaración de Bolivia fue elogiada por la comunidad de derechos humanos y suscitó declaraciones de apoyo por parte de otros países en todo el Sur Global. Mientras Israel asedia Rafah, el último “lugar seguro” en Gaza, Bolivia puede demostrar ante el mundo su liderazgo en materia de derechos humanos, al unirse formalmente al caso contra Israel en la CIJ.
La comunidad internacional puede demostrar en este instante que el “nunca más” no es un mero discurso.
(*) Thomas Becker es abogado y activista estadounidense
