“No tenemos relación de negocios con Harold Lora”, de esta forma el alcalde de La Paz deslindó cualquier nexo con el empresario aprehendido la última semana de mayo por denuncias de estafa; evidentemente, si hablamos de competencias, el Gobierno Autónomo Municipal de La Paz ni ningún funcionario dependiente tiene la atribución para intervenir en un proceso de compraventa de inmuebles; sin embargo, sí tiene la función de regular el uso de suelos y los parámetros de edificación a través de las subalcaldías, en palabras simples, dichas instancias son las encargadas de evitar que proliferen los edificios fuera de norma.
En 2017 se aprobó la Ley 233 de Fiscalización Técnica Territorial, la que establece que las subalcaldías urbanas son las instancias encargadas de realizar la fiscalización y el control del territorio en materia de ordenamiento y administración territorial en su jurisdicción, asimismo, tienen a su cargo la generación de sanciones a las construcciones ilegales, teniendo la facultad de establecer medidas correctivas y precautorias como compromisos de adecuación, paralizaciones de obra, decomiso de maquinaria, generación de multas e incluso llegar a la demolición. Sin embargo, la realidad es que prácticamente ninguna de estas acciones se materializa en ningún tipo de construcción ilegal; evidentemente, el proceso es tedioso y burocrático, sin embargo, hablando propiamente del famoso caso de las construcciones realizadas por Las Loritas, existe un margen de tiempo extenso sin que la administración edil haya realizado siquiera notificaciones a los inmuebles, aspecto que dio curso a que se ejecuten sin problemas.
En la administración pública local, la responsabilidad por la función pública puede generarse por acción u omisión, esta última se define como la abstención de hacer lo que señalan las obligaciones establecidas en las normas y criterios para el desempeño de la función pública, es decir, el actuar con pasividad, negligencia, no acatar la norma conociendo un hecho ilegal o, en jerga coloquial semejante a la que usa el alcalde, simplemente hacerse al loco. Estas contravenciones a la norma se constituyen en un hecho que conllevan responsabilidad, más todavía siendo este hecho conocido por la administración municipal.
Por otro lado, el hecho que compromete sobremanera al alcalde y subalcaldes es el no haber realizado las acciones sancionatorias descritas, pues los edificios fueron construidos, concluidos, publicitados y comercializados como legales. Cuánto hubiera ayudado a los ahora afectados conocer que estas construcciones se encontraban en un proceso administrativo de fiscalización, nadie invierte los ahorros de su vida en algo ilícito. Es ahí donde se evidencia cierta parcialidad con los promotores de las construcciones que hoy en día están en el ojo de la tormenta; evidentemente, no se emitieron permisos de construcción, planos aprobados o planos as built, pero, de acuerdo con lo manifestado por el propio secretario municipal de Culturas y mano derecha del alcalde, se tenía conocimiento de esta situación hace bastante tiempo y el reconocer que estas construcciones no tienen permisos y no se realizó ninguna acción los compromete más, incluso más que admitir que el empresario Lora apoyó en el proceso de campaña electoral, tal y como lo dijo un concejal del oficialismo.
Hoy, el Ejecutivo edil vive una de las crisis más complicadas a tres años de gestión. Si hablamos de competencias, no se realizó el control territorial que manda la norma y existe responsabilidad. Harold Lora cuenta ahora con una tercera detención preventiva y es probable que a él se sumen varios amigos o conocidos de campaña, esos que dizque solo aparecen en una fotografía.
Rodrigo Mamani
es arquitecto municipalista.
