El juez Samuel Alito tiene razón. No se trata de la Constitución o del uso de la historia o de si Donald Trump tiene inmunidad total por los crímenes cometidos durante su mandato. No, el juez Alito tiene razón sobre el hecho de que existe un conflicto irresoluble en la vida política estadounidense.
Como le dijo a Lauren Windsor, una documentalista liberal que grabó subrepticiamente su conversación en una cena celebrada por la Sociedad Histórica de la Corte Suprema: “Un lado o el otro va a ganar”. Continuó: “Puede haber una manera de trabajar, una manera de vivir juntos pacíficamente, pero es difícil, ya sabes, porque hay diferencias en cosas fundamentales que realmente no se pueden comprometer. Realmente no pueden verse comprometidos. Así que no es que vayas a dividir la diferencia”.
Está claro, tanto por su retórica como por su jurisprudencia, que Alito se refiere a la guerra cultural. Su visión de una intolerancia religiosa casi tiránica no parece corresponder a la realidad de un país donde tres cuartas partes de los estadounidenses afirman tener una afiliación religiosa u otra, donde una gran mayoría de ellos se identifican como cristianos y donde la profesión de creencia religiosa es, en la mayoría de los lugares, un requisito de facto para un cargo público.
Aun así, hay un conflicto fundamental en este país. Pero no es el que Alito imagina. Más bien, es un conflicto entre quienes esperan preservar y expandir la democracia estadounidense y quienes pretenden asfixiarla.
Está Trump, por supuesto, que está llevando a cabo su tercera campaña para la Casa Blanca como un autoritario descarado. Ha prometido venganza y retribución por cada esfuerzo, por vacilante que haya sido, para responsabilizarlo por su comportamiento criminal, incluido su esfuerzo por anular los resultados de las últimas elecciones presidenciales. Y cuenta con el respaldo de un grupo de burócratas dispuestos y deseosos de imponer su visión autocrática en todo el país.
El esfuerzo por poner al gobierno nacional en contra de la democracia estadounidense se refleja, a nivel estatal, en el esfuerzo por estrechar las vías de la disidencia política y la competencia electoral. En los estados donde los republicanos se han manipulado hasta alcanzar mayorías legislativas casi impenetrables, también han tomado medidas para tratar de cerrar los caminos que el público en general podría utilizar para que sus opiniones sean respetadas en el gobierno.
Los republicanos conservadores, que han adoptado la estrategia de “detener el robo” y ya están poniendo en duda cualquier resultado salvo una victoria de Trump en noviembre, no aceptan la legitimidad de sus oponentes demócratas. Creen que ellos, y solo ellos, tienen derecho a gobernar. Y están trabajando, de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, para limitar al máximo el derecho del pueblo a elegir a sus líderes.
El juez Alito participa en este esfuerzo desde su posición en la Corte Suprema. Y nuevamente, tiene razón. Hay conflictos irreconciliables y «diferencias sobre cosas fundamentales que realmente no pueden transigirse». Y lo más fundamental sobre lo que no se puede llegar a un compromiso es la cuestión de la democracia estadounidense. ¿Se mantendrá la República o caeremos en un futuro de gobierno minoritario?
Jamelle Bouie es columnista de The New York Times.
