Bolivia se encuentra sumergida en una profunda crisis política y una evidente sensación de crisis económica. Hace más de un año, un proceso tan importante para el país, las elecciones judiciales, no termina de concretarse por desacuerdos entre las organizaciones con representación legislativa y el oficialismo afectado por una crisis interna. Para mal de males, la pandemia del COVID-19, la guerra Rusia-Ucrania y la desaceleración económica mundial aumentan la tensión social.
Sin embargo, el desorden institucional es el que pone en vilo al país y tiende a dañar la siempre frágil democracia. ¿Cuál es el origen?
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Desde 2019, cuando Evo Morales fue derrocado y en su lugar se autoproclamó Jeanine Áñez, la polarización se ahondó en el país con la dicotomía “fraude electoral” y “golpe de Estado”.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a propósito de su visita in loco de 2023, consideró que esas contradicciones son la causa de ese estado de situación política.
En consecuencia, el informe observó dificultades en la cohesión social y secuelas de la crisis política de 2019. Sin embargo, no lo es todo.
La crisis del Movimiento Al Socialismo (MAS) se constituye en un factor desordenador. Al llegar al poder Luis Arce, la situación del país parecía encauzarse, a pesar de la confrontación natural entre el oficialismo y la oposición. Sin embargo, desde inicios de septiembre de 2022, cuando Morales denunció un presunto “plan negro” en su contra, la crisis interna comenzó a develarse.
Poco a poco, Morales empezó a marcar distancia de su alfil, por quien se decantó en Buenos Aires por encima de la decisión de las organizaciones sociales que, habían apostado por David Choquehuanca y Andrónico Rodríguez.
Arce resultó ser el “traidor” para Morales y éste se convirtió en el líder de la oposición. Esta condición es ahora el factor desordenador.
La Asamblea Legislativa está casi paralizada por la división del MAS en facciones arcista y evista, y la gobernabilidad de Arce, en riesgo. Esa debilidad obligó a su presidente nato a contener por varios meses su decisión de no llamar a sesiones, hasta que Andrónico Rodríguez, la apuesta postergada de Morales, tuvo que aprovechar el viaje de Arce a Rusia y entender que Choquehuanca dejó en vacancia su papel legislativo para convocar a sesión bicameral y resolver leyes pendientes, más el proyecto relativo al cese de magistrados y consejeros electos en 2017, prorrogados por el Tribunal Constitucional.
Esa disputa interna incluso impide la convocatoria a un congreso partidario para cumplir con las resoluciones del Tribunal Electoral relativas a la renovación de su dirección nacional. En su disputa, las facciones partidarias acudieron a salas constitucionales para pretender hacer valer su legitimidad. Ante la fuerza de la ley y su propio estatuto partidario, solo consiguieron la injerencia de un órgano sobre otro órgano
Solo el Tribunal Constitucional parece contar con el poder suficiente; todo se mueve en torno suyo. De rezagar sus decisiones en 2023, pasó a prorrogar a magistrados y consejeros más allá del mandato legal, y forzar la convocatoria a elecciones judiciales fuera de tiempo.
El Tribunal Electoral acaba de llamar a una cumbre política. Carga el peso enorme de no fracasar en el intento de encaminar los acuerdos más allá de las elecciones judiciales. Su empresa es grande: impulsar una salida del atolladero político y salvar las elecciones y la democracia.
A diferencia de otros órganos del Estado, el Electoral guarda aún credibilidad; habrá que respaldar sus propósitos. Es nuestro compromiso.
(*) Rubén Atahuichi es periodista
